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Fiscalización electoral y vulnerabilidad municipal

La crítica situación que vivimos, preñada de violencia e impunidad, nos conduce a la vulnerabilidad de los municipios. En efecto, el caso Iguala, y tantos otros, ponen en evidencia que los municipios se han convertido en los espacios colonizados por el crimen organizado.

Muchos aparatos municipales se han convertido en instrumentos y nichos delincuenciales que amenazan no solo la estabilidad del territorio local sino el marco federal. Por ello, el gran temor se asienta en la participación del crimen organizado en las campañas electorales, en el apoyo específico de aquellos candidatos a modo, voluntaria o forzadamente, con los intereses de las organizaciones criminales.

Un factor importante es la fiscalización. Hay que decirlo con todas sus letras, el modelo de fiscalización electoral en el Estado de México ha sido un fracaso.

En 2005, ante la avalancha masiva de propaganda, el IEEM fue incapaz de comprobar el rebase de topes de campaña en la candidatura a la gubernatura del entonces aspirante Enrique Peña Nieto. El Tribunal Electoral determinó que sí existió tal rebase pero que, dada la distancia de número de votos entre los aspirantes, no fue determinante.

Igualmente durante el proceso electoral para la gubernatura del 2011, ante las dudas de rebase, los tiempos que estableció el antiguo consejo, aquel que se fue "con la frente en alto", determinó dar a conocer los resultados de la fiscalización seis meses después de la toma de posesión del candidato ganador. ¿Ya para qué?, nos preguntamos muchos. Hay que reconocer que hubo muchas irregularidades e indebidas benevolencias también en otras entidades

Por ello, fruto de la reforma electoral, el consejo general del INE asume ahora la responsabilidad fiscalizadora, tanto en el ámbito federal como local. Tanto los partidos nacionales como los locales, candidatos de partidos como independientes, las campañas y precampañas, serán fiscalizados bajo la responsabilidad centralizada del INE.

A diferencia del modelo anterior, la revisión de los gastos de los partidos y de los candidatos durante las campañas deberán concluir antes que la elección sea calificada. Y, según la normatividad actual, el rebase de tope de campaña es causa de nulidad. Aunque se haya incrementado el límite del financiamiento privado de los partidos políticos a un 50 por ciento y que la fórmula para el cálculo del financiamiento público federal se debe replicar en el ámbito local. El INE tiene plena facultad ante el secreto bancario, fiduciario y fiscal.

La revisión de los gastos no tiene problemas, en principio, porque es una contabilidad de ingresos y egresos. Compañías multinacionales tienen aparatos contables de miles de empresas diferentes sin grandes contratiempos.

Se habla de nuevos modelos y estricto apego a la rendición de cuentas de los actores. Sin embargo, el problema es la falta de lealtad de los mismos actores políticos y la utilización de efectivo no reportado ni respaldado. Aquí no solo es dinero de organizaciones criminales sino de gobiernos locales. Los focos ahora se concentrarán en los municipios calientes.