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Elecciones amenazadas por la violencia

Absolutamente reprochable el asesinato del candidato perredista a la diputación federal, Miguel Ángel Luna Munguía, baleado ayer en Chalco. Ya van dos días en que se suscitan eventos violentos en contra del proceso electoral que se han registrado en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas. Se han quemado boletas, propaganda electoral y se ha causado daños a instalaciones del INE, hechos encabezados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y por estudiantes normalistas.

En Yucatán, el pasado domingo, un mitin panista terminó bajo la agresión criminal que segó la vida de dos personas y seis más con heridas graves, en el poblado de Peto cerca de la frontera con el estado de Quintana Roo. Sin embargo, las autoridades minimizaron el evento al declarar que fue un enfrentamiento entre bandas criminales y que solo hubo un muerto.

En Coyoacán, siete de nueve candidatos que piden seguridad, se manifestaron enfrente de las oficinas del gobierno capitalino y denuncian que permea la violencia electoral, por lo que no hay condiciones para la contienda del 7 de junio. Eso aseguraron candidatos de varios partidos a la jefatura delegacional y a diputados, quienes suman 12 denuncias presentadas en la Procuraduría General de Justicia y el Instituto Electoral en contra del PRD.

Mientras el jefe de Gobierno acaba de declarar que solo se han detectado "algunas dificultades" y zonas de riesgo vinculadas más con el crimen organizado. En Michoacán 112 oficinas del INE están amenazadas de ser tomadas por lo que Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), está tomando medidas y sedes alternas con el fin de garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

La situación del país, más allá de las elecciones, es crítica en materia de seguridad, violencia y confrontación. Las elecciones y su organización no pueden sustraerse de dicha circunstancia. El periódico Reforma ha registrado más de 70 acciones violentas contra candidatos y militantes de diferentes partidos. El proceso tiene diferentes flancos, uno es el crimen organizado y por supuesto Jalisco está en la línea de fuego de acciones probables del Cartel Jalisco Nueva Generación. Dos, la CNTE que utilizado el proceso electoral como rehén para negociar sus demandas y agendas; tres, las potenciales rencillas entre militantes y partidos en zonas polarizadas.

Es cuestionable que las autoridades electorales y gubernamentales se presenten cándidas frente al tema de la violencia en este ciclo electoral y les cueste tanto trabajo admitir los focos rojos que a todas luces son evidentes. Es comprensible que no quieren inquietar a la población y menos se inhiba la participación de más de un millón de ciudadanos voluntarios que serán funcionarios de casilla; es válido que trasmitan serenidad. Pero no es admisible que las autoridades seamos omisas frente a una creciente escalada de violencia que amenaza no solo a los actores políticos sino a los funcionarios electorales que el día de la jornada electoral quedan expuestos y vulnerables.