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Aristegui y el derecho de las audiencias

El despido de Carmen Aristegui es lamentable. Perjudica la necesaria pluralidad de posturas en el cuadrante radiofónico. El noticiero con mayor rating en la radio, hacía de Aristegui una poderosa voz que marcaba parte de la agenda política en México. Su independencia, crítica documentada del poder y apertura a voces de la oposición social hicieron de MVS noticias primera emisión, un lugar obligado para la reflexión crítica de los grandes problemas del país.

El caso Aristegui ha suscitado diversas interpretaciones. Los que ubican el conflicto en el ámbito empresarial en la que Carmen empleada se pone al tú por tú con el propietario. Actitud que desemboca en su despido, con costos políticos y comerciales, pero sin menoscabo de la libertad de expresión. Y los que ubican un artero golpe del poder como una peligrosa regresión para acallar una voz crítica capaz de poner en jaque poderosos intereses políticos, sobre todo del ejecutivo federal. Por tanto, es una respuesta contundente del poder a la afilada crítica y los incisivos señalamientos de Aristegui que contribuyeron para el sacudimiento y descrédito del gobierno actual.

El despido de Carmen le ha dado la vuelta al mundo. Los grandes medios internacionales resaltan la Casa Blanca y los intereses inmobiliarios del presidente y sus colaboradores. Recuerdan que en los últimos años, México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos para el quehacer periodístico y esto se debe no solo a la falta de garantías para ejercerlo sino la carencia de libertades.

Más allá de la vulnerabilidad de los comunicadores frente a los dueños, de la censura y permanentes tensiones a la libertad de expresión, pocos han destacado el reclamo del derecho de las audiencias a reivindicar los programas, contenidos e informaciones que los consideran suyos. Tal como pasó con Gutiérrez Vivó años atrás y en dos ocasiones con la misma Aristegui.

Las audiencias se movilizan para reivindicar y defender ese espacio mediático como público propio. Ahora el reclamo se presenta principalmente en las redes sociales y en la plaza pública, se percibe una movilización social.

En términos de derecho a la información, debe ser el punto de partida la regulación de relaciones entre sociedad, poder político y medios de comunicación. Los derechos de las audiencias son ciudadanos y deben ser un saludable contrapeso a los concesionarios, especialmente de arbitrariedades.

Este derecho debe tener gravitación social valide los contenidos, la capacidad de réplica y derecho a información veraz, ponderada y diversa. El ejercicio de protesta de los ciudadanos es un alegato que destaca el deber de los medios de estar al servicio de sociedad, sin que intereses públicos, privados o religiosos puedan impedir la existencia de diversas fuentes de información o privar al individuo de su libre acceso a ellas.