Articulista Invitada

Una "doctrina del shock" no es el camino

Las medidas drásticas no deben ser la entrega de mayores atribuciones a quienes hoy no han podido hacer lo que deben con las leyes para salir de la crisis.

Anunciado por su cercano colaborador y secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como un mensaje para solucionar aquellas cosas que no están funcionando, el decálogo del presidente Enrique Peña Nieto ha generado más dudas que respuestas y con la frase “todos somos Ayotzinapa”, empleada más que como la sincera reivindicación de quienes a diario la pronuncian, como un argumento central para recetarle a México una doctrina del shock, algo muy al estilo de las devaluaciones de los años setenta.

Veamos: su mensaje fue una mezcla de propuestas de cambio constitucional que ataca directamente al municipio libre bajo el vendible argumento de la sospecha de la infiltración del crimen organizado; se incluyen anuncios keynesianos de más obras y de más inversiones en estados conflictivos; se legaliza la desaparición de las policías municipales en todo el país y, entre otras muchas cosas, se establece una cédula de identidad única que genera más desconcierto que respuestas.

Por cierto, el tema de la identidad única, que de origen es algo interesante y común en cualquier nación que para ello importe su grado de avance democrático, es un asunto que, propuesto en este específico momento de un alto grado de manifestación pública y descontento social, ha sonado a: ¿bueno y para qué quieren tener todos nuestros datos?, ¿quiere ficharnos el Estado?

El tema central es la solución de una crisis que se está viviendo en México. Se plantea que para enfrentarla se requiere tomar medidas drásticas, definitivas y bajo ese argumento en un entorno de inconformidad social como el que estamos viviendo no en una región, sino en toda la nación, se han cometido los peores actos incluso en sociedades democráticamente superiores a la mexicana.

La propuesta se argumenta en la frase “todos somos Ayotzinapa”, que motiva, que es conocida y que suma. Pero no atiende los problemas desde su raíz. Por el caso Iguala se acusa a todas las policías municipales de México que si bien en muchos casos apenas y llegan a tener como elementos a desnutridos policías, en otras regiones se encuentran mejor entrenadas que algunas de las policías estatales.

Decir que el problema está en los municipios es no querer reconocer que éstos forman parte de estados y esos estados, de México. ¿No acaso han sido procesados a nivel estatal casos vinculados a las drogas como el de Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, o el publicitado Tomás Yarrington, de Tamaulipas, por una presunta infiltración del crimen organizado? El problema no está solo en los municipios, a los que ahora, en palabras de Peña Nieto, se propone destituir —no explica desde qué fuero, si del federal— por la sola sospecha de estar vinculados al crimen organizado.

¿Dónde queda el municipio libre?, ¿a dónde se está mandando a volar a la República Mexicana?

Son urgentes y necesarias medidas puntuales para resolver la presente crisis. Eso no hay quien lo niegue. Pero es un riesgo que, bajo argumentos que solo están siendo analizados por sus consecuencias, no se revisen a profundidad las causas. Ni todos los municipios de México son como Iguala, ni en aras de este absolutismo todas las autoridades o instituciones están infiltradas por el crimen organizado.

México enfrenta una crisis. Sí. Hay manifiesta inconformidad social expresada, como el propio Peña Nieto dijo: en redes sociales y en las calles. Hay, agrego, una crisis mayor que se siente en el desencanto de la gente hacia las instituciones; en el extranjero, porque no se explican cómo en un país con tantas “reformas estructurales” se está viviendo una grave situación de derechos humanos, pese a que nuestra Constitución no solo los reconoce y alienta, sino porque se obliga al más alto nivel a velar por su respeto.

La respuesta presidencial es más de imagen y, peor aún, de imagen hacia el exterior, porque hace una serie de anuncios que, por ejemplo, destina enormes cantidades de dinero a regiones del país como Chiapas, estado al que desde el problema zapatista de 1994 han ido a parar miles de miles de millones de pesos para sacar a la gente de su situación de pobreza y las cosas hoy siguen peor que antes.

El problema de México es estructural, pero no el de los cambios a las leyes, sino el de funcionamiento y visión de sus instituciones. Si se sigue actuando de la misma forma, llegaremos al vacío de siempre y si damos un cheque en blanco a la serie de cambios que han anunciado irán al Congreso de la Unión, se habrán tomado medidas bajo una serie de premisas que no necesariamente analizan la realidad mexicana, esa que se siente en el fondo, particularmente de quienes en estos dos años han pasado a ser mucho más pobres que antes, entendiendo la pobreza no solo económica, sino multidimensional, con sus vertientes de justicia, educación, salud y desarrollo humano.

Las medidas drásticas no deben ser la entrega de mayores atribuciones a quienes hoy no han podido hacer lo que deben con las leyes que ya bastantes medios les asignan.