Articulista invitada

La no aplicación de la reforma educativa: el efecto Penélope

A menos de dos meses de su aprobación, la reforma educativa empieza a ser cuestionada y calificada por los ciudadanos más como un golpe mediático que didáctico o pedagógico, más como un presunto embate contra la maestra y el SNTE para quitarle el poder que otrora les otorgaran que un verdadero cambio de rumbo en educación.

La percepción ciudadana cobra visos de alarma, porque, al margen de las especulaciones de una sociedad que espera sus efectos, los legisladores federales vemos con preocupación cómo las actualizaciones a la ley en la materia, a las que se les dedicó esfuerzo y compromiso político, están sufriendo el efecto Penélope: se empieza a hacer evidente que todas las reformas que los legisladores construimos a plena luz del día y de cara a los ciudadanos, la Secretaría de Gobernación las está destejiendo de noche con acuerdos en privado que se sostienen con integrantes de la CNTE.

No se trata solamente de la resistencia generalizada de un sindicato y las molestias que han causado en el corazón de la Ciudad de México, en carreteras federales y autopistas de varias partes del País, sino de cómo unas leyes educativas diseñadas para aplicarse sin ninguna excepción se empiezan a desdibujar con excepciones en varios estados de la República.

Estas excepciones se traducen en concesiones a grupos sindicales por parte de las autoridades estatales que permiten, por ejemplo, que los profesores comisionados de los distintos gremios sindicales asuman como un derecho no asistir a sus salones y no impartir sus cátedras por el hecho de continuar con su manifestaciones de rechazo a la reforma, cuando las modificaciones hechas a la Ley General de Educación establecen claramente las sanciones para los mentores que incurran en faltas consecutivas.

Y mientras en el tema de la seguridad, el propio PRI pide "no federalizar culpas", en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas se mantiene un régimen de excepción en torno a la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; todas ellas leyes educativas que hoy van perdiendo peso ante la práctica de la negociación nocturna desde la propia Secretaría de Gobernación.

En medio de los encuentros en lo oscurito, también sale a la luz la información de una minuta firmada entre los líderes de la CNTE y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, en donde se garantizaría la permanencia de los profesores frente a las aulas aun cuando no se aprobaran las evaluaciones correspondientes que establece la reforma educativa.

Y mientras se empiezan a distorsionar los alcances y las prioridades de estas reformas, los ciudadanos y las empresas siguen sin entender porqué la libertad de expresión de los mentores está por encima de su libertad de tránsito cuando, de nueva cuenta, se anuncian movilizaciones en la capital del país y en varias ciudades de la República como Morelia, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas, así como Toluca, Mérida, Jalapa y Tuxtla Gutiérrez.

En el fondo, la no aplicación de la reforma educativa en las entidades dibuja para los mexicanos una lastimosa realidad: la debilidad de las instituciones frente a formas de lucha sindical que, en contraste con las leyes, nunca estuvieron sujetas a negociación.

*Diputada federal del PAN