Articulista Invitada

Perdimos una valiosa oportunidad de participación ciudadana

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar las solicitudes de consulta popular, independientemente de la sospechosa carga política expresada en el “nada para nadie”, elimina de tajo la posibilidad de que los ciudadanos puedan, al expresar su opinión, pasar del dicho al hecho y ejercer su inalienable derecho humano de intervenir en la construcción de una mejor sociedad.

No queda lugar a dudas que la SCJN no fue al fondo del asunto. No entró a analizar el argumento que dio origen al instrumento jurídico de la consulta, que no es más que llevarle a los ciudadanos la posibilidad de que mediante un voto se puedan incluso revertir procesos legales cuando ese procedimiento tuviera el carácter de vinculante.

¿Se imaginan qué situación podríamos haber estado viviendo si los ciudadanos consultados le dicen no a alguna reforma de ley? O por el contrario, si se expresa un respaldo amplio, amplísimo, a alguna medida por muy dolorosa que ésta pudiera haber sido.

Estaríamos hablando de un México distinto, de una nación que cuenta con instrumentos democráticos —de hecho, en el papel ya se encuentran por la reforma política recientemente aprobada—, y que además tiene autoridades que respetan y promueven ese derecho. Lamentablemente esto no ocurrió así.

Los diputados efectivamente establecimos algunos criterios para que tampoco hubiera abuso de las consultas. Los partidos políticos lo sabían y, efectivamente, no se puede consultar algo que evidentemente ponga en riesgo el ingreso o el gasto del Estado mexicano, como tampoco algunos temas de materia política. Todos lo sabíamos. Era claro que el PRI está enterado de este asunto y al llevar un tema electoral, como la reducción de legisladores plurinominales, es de esperarse que jamás proceda, como fue establecido.

Esto no ocurrió con la pregunta de Acción Nacional. Se promovió una consulta sobre la necesidad de hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que claramente establece: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

¿Estamos como nación o como proyecto nacional cumpliendo con esto? Hay casi siete millones de trabajadores formales que reciben el salario mínimo y con esa cantidad no pueden acceder ni a la canasta básica. No se hable de los otros aspectos del “orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Desechar, como lo hizo la Corte, una consulta que pretendía tomar las opiniones de los ciudadanos sobre un nuevo esquema para atender el tema salarial, deja a muchísimos interesados en opinar sin la posibilidad de actuar para conseguirse un mejor nivel de vida.

No es, de ninguna manera, un argumento válido el tema de la supuesta afectación del ingreso o del gasto del Estado el elemento para negar la consulta. El asunto del salario es un tema entre particulares, entre quien paga y quien recibe un dinero por un trabajo realizado.

Habremos de encontrar nuevas alternativas. Si hemos visto que la ley así no funciona, habrá que reformarla, porque el espíritu que originó la inclusión del tema de la consulta pública en nuestra legislación fue precisamente darle al ciudadano el instrumento con posibilidades vinculatorias de decirle a la autoridad si está de acuerdo o no con algo. Es evidente que esa oportunidad hoy no se ha podido ejercer y todos hemos salido perdiendo, porque como nación no somos más democráticos, como ciudadanos no tenemos posibilidades de hacer cumplir la ley y los encargados de hacerlo han preferido jugar a la política de nada para nadie como si eso fuera hacer justicia.

 

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