Nada personal, solo negocios

Los ejidos, ese cuello de botella para las inversiones

Mientras los sectores automotor y aeronáutico siguen atrayendo inversiones y la reforma energética ha disparado el interés de grupos nacionales e internacionales, hay un detalle que no es menor: la tierra.

“Hoy, 55 por ciento del territorio es agrario, ejidal. Y esto se convierte en una traba para los inversionistas”, me decía Pablo Amador Herrera, especialista de servicios jurídicos y fiscales de Baker & McKenzie.

Se trata de una cuestión primero de tiempos y luego de “inseguridad jurídica”. Si bien solo 2.5 por ciento de los ejidos ha modificado últimamente su estatus a terrenos privados para poder ser comprados, llegar a este punto demanda más tiempo que el que muchas empresas tienen planeado para montar sus plantas.

Si un ejido ha iniciado el proceso de privatización tarda en promedio seis meses para que cada ejidatario reciba del Registro Agrario Nacional (RAN) su certificado parcelario (para acreditar posesión), a los que hay que sumar otros seis meses para lograr realizar una asamblea de ejidatarios (de entre 85 a mil 500 miembros en promedio) y tomar el dominio previo en sus parcelas, para luego esperar otros seis meses —o incluso hasta dos años— para que cada ejidatario tenga el dominio pleno del terreno que le da el estatus para poder vender. “Cuando una empresa hace ese cálculo hasta de cuatro años para un terreno, es cuando se desestiman muchas inversiones”, agrega su socio, Roberto Cantú.

Según la consultora, sí hay interés de buena parte de los ejidatarios de vender, pero les falta mucha información “oficial” (y no de abogados que muchas veces no son los mejores asesores) para saber sobre sus derechos, los procesos legales que demandan un cambio de ese tipo y hasta los beneficios que puede traer a su zona que una inversión industrial o energética se instale en su ejido. Incluso qué hacer con el dinero ganado.

“El RAN es muy lento. Sería importante que el gobierno le diera recursos para modernizarlo y darle más personal para acelerar los trámites”, agrega Amador. Eso sin contar los numerosos casos de ejidatarios que buscan ejercer la posesión de las tierras o que incluso llegan a extorsionar a las empresas que ya comenzaron a invertir en esas tierras supuestamente ya “privatizadas”. Las empresas mineras, como Goldcorp, en Zacatecas, tienen largas historias al respecto.

“Nos han tocado casos similares donde los ejidatarios tratan de aprovechar la situación de la ley agraria, firman dos o tres potenciales compradores y eso afecta a la operación final”, agrega Cantú, quien asesora a desarrolladoras inmobiliarias de parques industriales, comerciales y plantas potabilizadoras de agua.

barbara.anderson@milenio.com

Twitter: @ba_anderson