Barrio de pasiones

La o por lo redondo, "again"

Comenzaba el siglo cuando las agrupaciones gremiales que recaudan las cuotas por derechos de autor se vieron forzadas a realizar un intenso cabildeo, ante las pretensiones de los economistas de la Secretaría de Hacienda que buscaban terminar con lo que ellos consideran —cuadrados que son— «privilegios» fiscales de los autores. También fue por aquellas fechas que comenzaron a sentir con intensidad los efectos de la piratería impulsada por las nuevas tecnologías. De manera que tanto la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM), como la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), sintieron pasos en la azotea.

Fue entonces que decidieron encargar un estudio a profundidad de la importancia económica de lo que llamaron las «industrias protegidas por los derechos de autor» (IPDA), apelativo absolutamente erróneo, pues los derechos de autor, como su nombre bien lo dice, protegen la creación individual. En sentido estricto, el área que buscaban se estudiara, tiene un nombre muy preciso, pero por alguna razón o no les gusta o no lo quieren utilizar: industria del entretenimiento. Así fue que contrataron a Ernesto Piedras, un economista con amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, a fin de que realizara la investigación.

Piedras puso manos a la obra y en el estudio muy pronto las IPDA se convirtieron en «industrias culturales». Sin embargo, lo verdaderamente notable en el desarrollo de la investigación, es el insidioso —¿ignorante?— manejo de conceptos y su gusto por la tergiversación de las palabras, pues en su texto y a la menor provocación, el economista nos señala, por ejemplo, las bondades y la riqueza espiritual de los más altas manifestaciones culturales, como refiriéndose a los clásicos de la literatura universal o a la música de Mozart, cuando en realidad está hablando de las telenovelas de Televisa o las canciones de Paulina Rubio.

Queda claro entonces que para Piedras no existen jerarquías ni fronteras entre arte y productos banales para el entretenimiento de la masa. La principal conclusión del estudio —«aportación», le llama el autor— es que en 1998 las IPDA contribuyeron con entre 6.7% y 7.3 del PIB (para darnos una idea de lo elevado de la cifra, anotaremos que ese mismo año la industria de la construcción aportó 4.3%). Y es que su método consiste en irle añadiendo al montón a tontas y locas: si incluyes la televisión comercial, la publicidad, la telefonía, las fábricas del papel y las tiendas de cámaras fotográficas, los resultados hasta se sienten cortos.

Para Piedras todo cabe en la cultura sabiéndolo acomodar. Así, el Canal de las Estrellas, los infomerciales, el libro vaquero, Telcel, la papelera de Atenquique, la fábrica de computadoras de El Salto, las películas de los Almada y los tabledance entran en su generosa —¿delirante?— definición. Otra curiosidad del estudio, que se supone era para medir y estudiar el impacto económico de los sujetos protegidos por los derechos de autor, es que éstos pobres no aparecen por ningún lado, sino apenas como referencias marginales. Incluso reconoce que en 2002, los ingresos brutos por derechos de autor representaron apenas el 0.02% del PIB.

El colmo fue que la investigación, que trabajosamente es un documento de interés para sus patrocinadores, fue publicado por el Conaculta de Sari Bermúdez con el título ¿Cuánto vale la cultura? Y a partir de ahí se convirtió en la Biblia de los adoradores del becerro de oro de las «industrias culturales». Piedras, por su parte, es el «experto» que contrató la Secretaría de Cultura para que le indique qué hacer con su flamante Dirección de Industrias Creativas. El resultado ya me lo estoy imaginando: va a recomendar que el 1% del presupuesto estatal se invierta en cultura, pero, eso si, sin precisar cuánto le corresponde al Canal 4 y cuánto al Lipstick.

Las cosas que tiene uno qué ver.