Que la consciencia nos ampare

La construcción del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) ha sido interesante, intensa, apasionante, de coincidencias y desencuentros, quizás porque de lo que se trata con el Sistema es de incidir en el modo, o en la suma de modos, con el que atendemos los asuntos públicos; cambiar la forma en que se deciden las obras y las compras que se pagan con el erario, lograr que la nómina de los gobiernos deje de ser patrimonio de algunos, que el dinero que yace en la bolsa de la sociedad no sea incluido arbitrariamente en el ejercicio del poder y el impulso cada vez más intenso por prender luces en el Poder Judicial, no resultan sino interesantes, intensos, apasionados y para que la complejidad se acreciente, el SAE no sólo mirará al hacer de los gobiernos, también a quien quiera que se relacione con aquéllos como proveedor o prestador de servicios; el fin es modificar los códigos mediante los cuales desde lo privado nos hacemos parte de las costumbres pervertidas para administrar al país, al estado y los municipios, y también variar los hábitos para impartir la justicia que debería ser hábitat de la sociedad y que hemos convertido en mercadería de acceso limitado. Debemos añadir que embarcarse en una revolución de este calado además de interesante, apasionante, etc., es peligroso; dentro del gobierno y fuera de él, los socios que obtienen usufructos del actual estado de cosas, hay una fuerte oposición al cambio que puede llegar a manifestarse en arrebatos que entrañen peligro legal, moral y hasta físico.

En el trance de levantar el Sistema Anticorrupción de Jalisco, un aspirante al cargo de Fiscal Especializado, Gabriel Valencia, sintió que sus derechos fueron violentados y se amparó, con lo que detuvo el flujo previsto para nombrar al fiscal que ya fue elegido por el Congreso a propuesta del gobernador y no puede instalarse a plenitud el Comité Coordinador del Sistema. Por supuesto, su acción, legítima, no se sustrae del ambiente en el que el SAE debe tomar vuelo: Gabriel ha sido denostado y la mirada de no pocos, de no pocas, se posa sobre él con reclamo. El Sistema luce como el ahora o nunca contra la corrupción, y frente a esto el amparo de Valencia López pinta como una batalla menor; dicho de otro modo, la densidad inusitada que tiene lo alcanzado por la sociedad civil, empresarios, académicos, universidades y los tres poderes de Jalisco, con todo y que el SAE y sus leyes no son perfectos, aparece más destacada que el reclamo, de índole procesal, de Gabriel Valencia; su pleito porque no fue incluido en las ternas para la selección del Fiscal Anticorrupción, según su dicho debido a que el gobernador se equivocó al interpretar una norma y no fundamentó su decisión (la de no anotarlo como elegible), queda chico ante el ejercicio de gobernanza que ha sido el diseño del Sistema Anticorrupción, ante la estupenda labor de las y los ciudadanos que forman la Comisión de Selección y ante la aprobación amplia que hoy concita el trabajo del Comité de Participación Social.

Con la suspensión definitiva que ayer concedió a Valencia un Juzgado, el amparado quedó en control de la calidad que el Sistema tendrá al iniciar sus trabajos: con un Fiscal de por mientras, salido del equipo de procuración de justicia que en décadas no ha dado un golpe contundente a la corrupción, que ni siquiera la ha perseguido. ¿Pensará que su querella y su razón jurídica están por encima de lo que ya significa la lucha anticorrupción? Ayer, a pregunta directa de Ricardo Camarena no respondió si ahora que un juez le dio la razón se desistirá; dijo en cambio con insistencia que quien debe enmendar es el gobernador, y así dejó implícito que seguirá el curso legal, a menos que Aristóteles Sandoval asuma su yerro… desde lo que toca inferir que lo que en verdad quiere es postrar al Ejecutivo. Al cabo, su mensaje no soy yo, es el gobernador, falla; y el efecto que, sugiere, su causa acarrea, el beneficio del SAE, es nítidamente invisible.

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