La misma piedra, mismo tropiezo

El Congreso de Jalisco tiene muchas y muy útiles encomiendas; repasemos algunas de ellas y que los lectores decidan en cuál anteponen el verbo “debería”, para insinuar que aquél no hace lo estipulado. Los legisladores aprueban el presupuesto del estado, fiscalizan que se gaste según manda la ley y sancionan si no; nombran magistrados y a quienes ocuparán puestos relevantes en los organismos autónomos; autorizan las deudas que el gobernador quiera contraer, y lo central: crean leyes y derogan las que les parecen obsoletas. Por si no bastara, a las y los integrantes del Congreso la Constitución los designa “representantes populares”.  

Con semejantes responsabilidades, cualquiera pensaría que una de las preocupaciones de los diputados es el grado de confianza que concitan. Pues no. Es una tradición que éstos asuman que la estima que por ellos sienten los gobernados sea entre baja y nula. En la encuesta 2016 de Jalisco Cómo Vamos preguntaron a dos mil 400 tapatías y tapatíos: “¿Qué tanta confianza tiene usted en el Congreso local?” Las opciones que les presentaron para responder fueron: mucha, algo, poca y nada, con un espacio para quien espontáneamente dijera: ni poca ni mucha. El resultado fue: para el conjunto ninguna y poca confianza: 73%; en el formado por mucha y algo: 16%; entre quienes optaron por el equivalente a ni fu ni fa, 8%, y 2% no supo o no contestó. Sí, no suma cien, quitamos los decimales.  O sea, siete de cada diez no confían en el Congreso. Bueno, precisemos: hacia finales de 2016, cuando se hizo el estudio, siete de cada diez de la muestra dijeron confiar nada y poco en el Congreso.    

Con todo y lo anterior, reconozcamos el esfuerzo que la actual Legislatura de Jalisco hace por mejorar su imagen y por cerrar la brecha con los ciudadanos, como si buscara desenmohecer los goznes de la participación y la deliberación abierta. Pero… con el cambio de Auditor Superior, aunque fue bueno el proceso para elegir uno, el resultado no; con tres procedimientos para designaciones en el ITEI, dos pasables y uno bueno; los nombramientos de magistrados, según la usanza, es decir, en la oscuridad; el del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, mal, pero bien los ciudadanos que observaron; por lo que toca a la aprobación transparente de las cuentas públicas, sin cambio perceptible. No obstante, existen ciudadanas y ciudadanos que no dejan de hacer la lucha; quizás asidos a la esperanza que no pocos legisladores alientan con su comedimiento para dar citas, atender llamadas e incluso para escuchar, los hay que no rehúyen el debate.

Algunos de los de este talante participaron en la Comisión Interinstitucional convocada por el gobernador, en enero, para diseñar las iniciativas que presentaría al Congreso para crear la trama jurídica del Sistema Estatal Anticorrupción. Comisión en la que estaban representadas las más conspicuas universidades, varias organizaciones de la sociedad civil, los organismos autónomos y los tres Poderes. Fue tan rico lo que ahí sucedió, que cuando tocó pasar a la fase siguiente, legislar, los diputados se llevaron al grupo entero y lo renombraron: Mesa de Gobernanza.

Primera reunión, buena: libre y dialogante. La siguiente, mala: generalidades de la modificación constitucional por venir sin exhibir el formato de la iniciativa, menos sus detalles, ésos en los que se ceban las iniquidades. El desenlace, una reforma casi buena, con deudas, según lo acordado; además, quedó el resabio de la sospecha: los goznes de la gobernanza no dan para abrir más que una rendija. Luego, para hacer la Ley del Sistema Anticorrupción, la Mesa no fue llamada; de esa ley se desprendió la convocatoria para seleccionar a quienes formarán la Comisión de Selección, clave para dotar de credibilidad al Sistema, ¿y la Mesa? Arrumbada en medio de los cosméticos que los gobernantes se embadurnan cuando les urge una manita superficial de la legitimidad que, aunque dura instantes, sirve para la foto.

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