El niño artillero y su mal ejemplo

A propósito de la revisión que el Estado Mayor Presidencial (EMP), la Policía Federal y la flamante Gendarmería practicaron a infantes, incluidos bebés de carriola, durante la tarde y la noche del 15 de septiembre en los arcos de seguridad instalados antes del Zócalo de la Ciudad de México, han escrito muchos, unos para protestar contra un acto que luce aberrante, otros para desestimar el hecho como señal adversa para los derechos humanos en México. Sucedió igual un día después de la presentación del segundo Informe de Peña Nieto, cuando el mismo EMP resolvió que el Zócalo era un buen sitio para que los invitados por el Presidente al Palacio Nacional estacionaran sus coches.

Todavía no digerimos la idea de que las leyes tienen una función sustantiva para ahuyentar el autoritarismo y para alejarnos de las ocurrencias de quienes ostentan el poder. Merced a las leyes podemos aspirar a que ninguna autoridad salga con sorpresas lesivas para nuestro patrimonio, nuestras libertades y nuestra integridad moral y física. Sin embargo, parece que los cuerpos de seguridad tienen una escala de valores alterna, ajena a los principios constitucionales, en la que manda su exclusiva noción de seguridad pública, de lo que podemos inferir que la presunción de inocencia está reservada para unos cuantos, el resto, incluidos los niños, somos criminales en potencia, sospechosos por la azarosa determinación de cada uniformado que legisle según sus pocas o muchas luces y según el momento.

La realidad cotidiana es más influyente que la Carta Magna y entonces optamos por la resignación el día que somos violentados ilegalmente por pretextos aparentemente legítimos: ni modo, el país no está como para exquisiteces jurídico filosóficas, y nos hacemos cómplices del menosprecio a la ley, y de paso minamos los fundamentos que serán imprescindibles después, cuando la coyuntura criminal cese. El pacto legal que nos hace una nación estará tan difuminado que no habrá modo de quitarle al Ejército, a las policías, todas, y a sus jefes, la potestad sobre nuestras vidas y sobre nuestros derechos y libertades, será normal que el gobernante en turno decida atenido a su talente, no al marco legal.

Parece desmesurado tomar estos casos como signo de ruina institucional. Pero hay otros ejemplos: el ácido que derramó una mina en Cananea, Sonora, en dos ríos. El dueño de la empresa minera y del ácido es uno de esos poderosos que están por encima de todo y de todos; las semanas se acumulan y no ha habido autoridad que diga: la ley afirma que… y las consecuencias por el crimen ambiental son estas; el gobierno se ha contentado con amenazas veladas y no nos queda sino atender el juego de vencidas entre potentados para ver quién gana.

En las páginas de MILENIO nacional dos de sus columnistas centrales se manifestaron sobre esculcar a los niños y el uso del Zócalo como aparcadero. Uno de ellos escribió: «Lógico, el cacheo aleatorio a menores», y el otro: «resultó que a algún funcionario, llevado seguramente por su espíritu práctico, se le ocurrió que los autos de ciertos invitados –gente de relumbrón, qué le vamos a hacer- podían aparcar en la explanada del Zócalo.» ¿A cuántos les es dado tomar decisiones que afecten al espacio público y a la dignidad de terceros por el mero criterio de su lógica o por vía de lo que les parezca práctico? Por lo pronto, a los delincuentes, a los corruptos y al EMP. Consentir este legislar efímero y ad hominem presupone que, por ejemplo, bajaremos la cabeza cuando un funcionario exija que no se publiquen las maneras otras de ver y entender la política, las que no dejen gobernar cómodamente porque salen de quienes no comparten el sentido práctico y la lógica del gobernante, ésos a los que uno de los escribidores llamó: «vividores de la “defensa de los derechos humanos”», y el otro: «quejicas», adjetivos que denotan la altura intelectual de la lógica policiaca en boga, que para algunos es lo más práctico y alto en el debate nacional.

 

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