Hay de muros a muros

¿Estás completamente seguro de la integridad jurídica y moral de las personas con las que tienes tratos al mercar obras arte, metales y piedras preciosas, o en algún sorteo o ante la emisión de tarjetas de prepago? ¿No dudas de quienes, sin oficina ni registro, otorgan préstamos, de aquellos que ofrecen de manera habitual o profesional servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad en los que se involucren operaciones de compra o venta, o de los que hacen donativos jugosos? Conviene mirar con el rabillo de ojo a quien sea con quien tengas asuntos como los anteriores, y otros que enlista la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, asuntos a los que llama “actividades vulnerables”.

Adiós a la ingenuidad; en un ambiente en el que las modalidades del crimen, el que presumimos organizado y el que no, nos fuerzan a mudar las normas de convivencia y a inhibir los más elementales impulsos de proximidad hacia los demás, hoy, lo único que no podemos alegar es candor del tipo: yo no sabía; no sirve para nada aunque como acto reflejo lo esgrimamos cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apoyado por la CIA y la DEA, le cae encima a nuestro prestigio y a nuestras cuentas de banco y a nuestros bienes; lo que somos queda definido por jueces omnipresentes a los que no podemos interpelar, la presunción de inocencia que ganamos como derecho queda en suspenso por dos datos: lo mucho que gastamos y el talante moral de aquellos con quienes tenemos relación de negocios o comercial o amistosa.

Por supuesto, al hablar de gasto, o de inversión si se quiere, los adjetivos mucho o poco son relativos. La Ley mencionada, en cada grupo de “actividades vulnerables” menciona a partir de cuál monto, en un intercambio monetario, es obligatorio dar aviso a la Secretaría de Hacienda, las cantidades delinean el grado que la suspicacia ha ganado entre nosotros, la cifra más baja que nos impone dar aviso a la Secretaría equivale, según el valor de la Unidad de Medida de Actualización que designó el INEGI para 2017, a 121 mil 161 pesos, por ejemplo para el caso de préstamos o garantías, etc., de parte de alguien ajeno al sistema financiero formal; la más alta, un poco más de 600 mil pesos si el acuerdo corresponde a la construcción o desarrollo de bienes inmuebles, compra o venta de estos.

Luce como una ley de control férreo, aunque por sus efectos es anodina, mero pretexto para apuntalar discursos como el que ofreció el secretario Osorio Chong hace dos años, en Guadalajara, luego de los narco-bloqueos: desmantelaremos este cártel desde sus raíces financieras… bla-bla-bla, además los indicadores sobre delincuencia son elocuentes y también la guadaña que desde más allá de la frontera cayó sobre dos notables de por acá, lo que pone en entredicho nuestra “lucha frontal”: las autoridades mexicanas no estaban enteradas de algo tan grave y simbólico. Si en verdad hay delito por perseguir, y asimismo si no lo hay, corresponde salir en defensa, no de los señalados, sino de nuestro arreglo legal y de cierta idea de soberanía; la procuración de justicia local se puso en un dilema: si hay crimen, no podría declarar que sabía de las andanzas lavanderas del futbolista y del cantante, pues tendría que aclarar por qué no intervino a tiempo; pero tampoco es apropiado que exhiba su sorpresa y reaccione, como lo ha hecho la PGR, nomás por no dejar. Dos ciudadanos mexicanos fueron puestos sorpresivamente en la picota y sus gobernantes ven pasar la crisis sumidos en la emergencia de borrar las fotografías en las que aparecen con los inculpados. ¿Qué nos resta ante el gran hueco (ahora se dice socavón) que exhiben las instituciones y sus gestores? Protegernos a nosotros mismos con la recurrencia que estamos en peligro de volver rasgo costumbrista: ir por el país, por las ciudades, con el convencimiento de que nadie es de fiar.

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