La inevitable deducción

El caso del albergue de Mamá Rosa tiene los ingredientes del rico sabor casero: polarización; la sospecha que causan las acciones del gobierno, que el Procurador de la República luzca tan comedido lleva a imaginar que algo más hay de fondo; y la entronización del asunto por los medios, como si de por medio estuviera la historia patria.

Pero veamos el ángulo policiaco. El encargado de resolver el caso es el equivalente a Lestrade, el novelesco inspector de Scotland Yard cuya torpeza era útil a Sherlock Holmes, nomás acá se llama Jesús Murillo Karam y es el abogado de la nación; lo ha hecho tan mal que si el detective inglés viviera lo reprendería: su impulsividad estropeó la investigación y lo que sabemos se limita a datos circunstanciales: había cucarachas y ratas, comida echada a perder, suciedad y hacinamiento, es decir: niños y jóvenes amontonados que bien podían vivir al aire libre, en la calle, sin las incómodas limitaciones que imponen los muros y los techos. También sabemos que algunos de los albergados afirman que los maltrataban, otros reconocen haber sido abusados sexualmente y otros que los obligaban a pedir limosna. La consecuencia fue que Lestrade procediera con todo el peso de la fuerza ajena, la del Ejército. El personaje que creó Conan Doyle tenía sus cosas, pero no se le hubiera ocurrido llamar al Royal Army de su Majestad para asegurar un edificio con niños. Ojo, en el cateo encontraron credenciales de elector de quien sabe quién, pista muy atendible, todo conocemos al partido que suele recurrir a la artimaña de conseguirlas para ganar elecciones.

En el Londres de cuento de finales del siglo XIX, los hórridos casos criminales tenían una coprotagonista: la opinión pública, que se manifestaba a través del diario The Times. No era extraño que el inspector Lestrade se apersonara con Holmes y Watson, en Baker Street 221-B, para pedirles ayuda porque él y sus jefes estaban presionados por la opinión pública. ¿Cómo se forma hoy, acá, el juicio de esa informe, plural y multitudinaria señora? No como en el Londres de Jack El Destripador, no con la confianza que provocaba entonces Scotland Yard, que era ancla de los juicios populares. Entre nosotros siempre se impone una aventajada tradición de recelo entre la gente y las autoridades, la que el mismísimo Procurador azuza al ponerse al margen de la Constitución cuando, según MILENIO, declara: “En Michoacán quien está haciendo las labores de seguridad pública es el Ejército”, ¿hay ley marcial en aquella entidad, sesionó el Congreso de la Unión para autorizarla? Otra: “Cuando me dijeron después de cinco denuncias que no habían dejado entrar a un Ministerio Público que se envió para verificar las denuncias, solicité una orden de cateo”, está claro: Michoacán perdió su calidad de estado soberano y nuestro Lestrade no la tiene fácil, sus ministerios públicos no dan una: jefe, los del albergue no nos dejaron entrar, regáñelos.

Pero lo que más pasma a la opinión pública son las actitudes de Murillo: en un programa de MILENIO TELEVISIÓN, un intelectual duda sobre lo que la PGR presenta de la institución La Gran Familia, y el procurador llama para replicar; atiende directamente casos de refugios para infantes mientras buena parte del país se cae a balazos, secuestros y extorsiones; echa mano del Ejército cual Pancho Villa y la joya de sus desplantes, literalmente increíble: “Mi obligación es atender a quienes denuncian la existencia de un delito”, sí, es su deber, pero no nos había tocado que lo asumieran, él o los previos, con tal despliegue de poder armado y mediático, contra un asilo. ¿A dónde le mandamos las acusaciones, señor Procurador? En Guadalajara hay zonas en las que una demostración semejante de fuerza es necesaria. En fin, este tejer la ficción de la literatura con la ficción de la realidad es sólo para resaltar que no parece un dilema serio poner por un lado la postura de Murillo Karam y por otro la de Aguilar Camín, Enrique Krauze y Jean Meyer.

 

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