Estado de cuenta

La educación nos atañe a todos y en nuestro imaginario es la redentora, no hay defecto en la patria -corrupción, inseguridad, justicia legal y económica- que no vaya a ser paliado cuando ella se apersone en la sociedad tal como la hemos soñado. Peña Nieto quiso corporizar el sueño mediante una reforma a las leyes que regulan la educación que imparte el Estado, hace dos años; supuso que el resto sería cosa de ejercerla como él la imaginó, y el primer y único turno correspondió a los elementos nodales en el acto de educar: las y los profesores, quienes, curiosamente, desde 2012 estaban en la mira pública por un documental, De panzazo, que surgió de una investigación de la organización Mexicanos Primero. Los clichés sobre los miembros del magisterio instalados en los medios de comunicación se acentuaron al aprobarse la reforma, parecían reducir los docentes a dos tipos: los malos y los que esperaban ser despedidos luego de que se demostrara su ya prevista incompetencia, merced a una evaluación tendenciosa, unívoca y descontextualizada.

Desde hace dos años los protestantes alegan que la reforma fue meramente laboral; el gobierno y sus aliados contraponen que nadie está por encima del derecho de los niños a recibir una educación de calidad (dicen calidad y hay que inclinar la cabeza en señal de sumisión). Las manifestaciones violentas fueron insumo para los medios, que se cebaban en las imágenes de sujetos iracundos, complementadas con la insinuación hacia el teleauditorio: miren en manos de quienes están sus hijos; pero los descontentos no se arredraron y quienes afirman que la reforma no se negocia pasaron a otra fase: apelan al valor universal por excelencia, el dinero. El columnista de MILENIO, Gil Gamés, el jueves publicó el costo de las manifestaciones de la CNTE, lo obtuvo de El Universal: pérdidas “en Michoacán: mil 500 millones”, “mil millones en Guerrero”, “mil millones en Chiapas” y “4 mil 500 millones” en la Ciudad de México, suman ocho mil millones de pesos.

Ante el asombro airado que en algunos produjo ese número, el impulso fue contrastarlo con los datos del producto interno bruto del país en el primer trimestre de este año: 18 millones de millones de pesos, contra los que ocho mil millones representan apenas 0.04 por ciento, que es 225 veces menos que el 9 por ciento anual del PIB que vale la corrupción, según el Banco de México, ésa en la que concurren no pocos desde fuera del gobierno, de los que se indignan por lo que les dicen que hacen los profesores. Pero el maestro Paco Núñez llama al orden: la comparación es arbitraria, “la pérdida por las manifestaciones y el tamaño de la corrupción son de naturaleza distinta”. Tiene razón. En todo caso, sugiere, contrastémoslo con la adición del PIB de Michoacán, Guerrero, la Ciudad de México y Chiapas, el de 2014, a precios corrientes, y hace la estimación: ocho mil millones son 0.22 por ciento del total. Pero la enseñanza de Paco es otra: hay que estarse en la cordura y en el rigor, no reaccionar visceralmente. Ocho mil millones de pesos son mucho dinero, pero no son el tema central. Medir en pesos y centavos las protestas de los maestros de la CNTE es consecuencia natural de una reforma que prescindió de los sujetos objetivos que la pondrían en práctica; no obstante, es cierto, las manifestaciones han afectado a muchos que tendrían que preguntar a los promotores por qué no se plantearon escenarios en los que los disidentes pedirían, a como diera lugar, ser tomados en cuenta. Lo que quieren los maestros es negociable (no incluye, claro, el querer de los individuos que hayan delinquido), y si no se interpone la mano negra es probable un acuerdo, y deseable. Una investigación posterior podría revelar si los ocho mil millones de pesos se cargan enteros a las manifestaciones o si un porcentaje recae a la cuenta de un Estado vulnerable cuyas instituciones, su infraestructura y los poderes fácticos que lo controlan no aguantan que exista oposición.

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