El cambio se prueba legislando

Matrimonios de parejas del mismo sexo. Divorcios exprés. Pemex, orgullo de la Revolución y por decreto de la famosa reforma energética de Peña Nieto: Empresa Productiva del Estado, está hoy en plan de changarro a punto de quiebra. En España encarcelan a un expresidente del PRI, también exgobernador, por sospechas sobre el origen del dinero que transfería a la Madre Patria; luego lo sueltan y todo indica que están a punto de pedirle perdón, es un decir, pero ya se rumora que le devolverán el pasaporte. La capital del país cambia de nombre, sepultan al querido Distrito Federal que ahora es Ciudad de México. El gobierno de Jalisco hace una colecta de firmas para proteger un bosque. Los boletos más caros para ver al matador José Tomás en la Plaza México se cotizan en ocho mil dólares (al paso que va el petróleo, con eso alcanza para comprar un día de la producción nacional del hidrocarburo; claro, no hay comparación: con uno, puede suceder un arte trascendente, con el otro no). En Quintana Roo arrasan un manglar con la ley en la mano.

Estamos ante muchos portentos, en uno de esos recambios mexicanos de época que nos dejan en donde mismo, o mejor dicho, que no varían la tendencia. Pensemos en la ley de participación ciudadana o de participación democrática, por denominaciones no paramos, es un portento que antes el PRI desestimaba y ahora lo considera de primera necesidad. Los gobernantes se las ingenian para canalizar sus ansias por seducir a través de transfigurarse; unos insinúan: mírame, ya no soy un político-político; otros musitan: soy un político-ciudadano; y los osados se quitan la ropa, es una metáfora, y lúbricos se venden, ¿será otra metáfora?: soy un ciudadano-ciudadano que hace política. Tal vez, para ser precisos, debería llamarse ley que da cuenta de la obligación de los gobernantes de hacer caso a lo que los y las ciudadanas opinan sobre lo que les atañe en tanto que viven en sociedad; porque la participación, ciudadana o democrática, es consustancial a una república como la que nos contiene.

El caso es que quienes promueven este instrumento legal sostienen que al abrir espacio para que la gente incida en el presupuesto, en la legislación, en los cabildos de sus ayuntamientos, inclusive en la permanencia o no de los elegidos mediante sufragio, nos pone ante la nueva generación de gobernantes, una que, ahora sí, en este país famoso porque la estatutos no se respetan, se atendrán, por ley, al mandato del pueblo, porque por la vía de ser decentes y profesionales no ha funcionado. Pero la verdad es que, si circunnavegamos el sarcasmo, está bien, es una iniciativa correcta y consecuente con los tiempos que corren, se antoja otorgar el beneficio de la duda a sus promotores y hasta festejar, algo de sensibilidad demuestran los políticos en el poder hacia la cada vez más tenaz intervención de las personas, en la calle y en las redes sociales. Sin embargo, no está de sobra preguntar: luego de que se discuta y publique el precepto, en qué punto quedarán las incertidumbres cotidianas y como para cuándo estiman que tendremos resultados positivos, por ejemplo, en la seguridad pública, en la movilidad, en el estado de los espacios públicos, de las vialidades, en el medio ambiente, en la calidad de la educación, en el avance para erradicar la pobreza o en dar con los desaparecidos. Sí perdemos de vista que el fin de las normas y de la participación es acceder a una alta calidad de vida y a la equidad, si no enfatizamos que toda acción del gobierno debe perseguir que se impongan la justicia, la libertad y el bienestar, para todas y para todos, en un futuro algún historiador nos describirá así: ... y mientras estaban formados para votar en algún referéndum, consulta popular, plebiscito, etc., cosa que sucedía con frecuencia, o metidos en eternas sesiones de cabildo y legislativas, la ciudad y el estado se cayeron a pedazos, aunque eso sí, en medio de un gozoso clima de democracia deliberativa.

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