Prohibido entrar con certezas

En el tiempo en que el autócrata sexenal era Carlos Salinas de Gortari, la relación del gobierno con los ciudadanos comenzó una muda, según la lógica: si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Las autoridades violan tus derechos? Crearemos una entidad para que atienda las quejas, porque está visto que ni el mandamás controla a los policías, soldados, funcionarios y gobernantes que nomás no se les pega la gana de respetar la Constitución. ¿Tu voto no cuenta, dudas de la Secretaría de Gobernación como guardiana de la democracia electoral? Armaremos un instituto que sea dirigido por gente intachable en la que el pueblo confíe, porque está visto que la buena voluntad y la verdad no son atributos de tanto vividor irredimible que medra en la burocracia. Lo que estaba en las letras chiquitas del que podríamos llamar pacto de buena avenencia, era la fecha de caducidad: los remedios eran temporales, perderían su eficacia aunque ésta fuera sólo cosmética; si el fruto de esos organismos se consume, decía el ficticio contrato en la brumosa década de los 90 del siglo pasado, después del año 2000, no producirá beneficios y en cambio podría acarrear secuelas: diarrea de nociones barnizadas con tinte de placebo ciudadano.

El jueves anterior, en Mural, uno de los bienhechores de la patria que ganaron justamente la estima popular, José Woldenberg, publicó una réplica a Sergio Aguayo, quien en un artículo en el mismo diario denostó a los consejeros del INE que no encontraron motivos suficientes para que el Verde perdiera su registro como partido político, por más que sus delitos fueron documentados. La carta en la que Woldenberg repela es muestra de las letras ilegibles de ese pacto de buena avenencia que ya expiró, aquí una de sus afirmaciones respecto a ese grupo ecologista, pagado con el erario, que propone la pena de muerte: “(Es un partido que a mí me parece impresentable. Pero intento no confundir mis certezas como ciudadano con las responsabilidades que deben asumir las instituciones del Estado).”

RIP, perdón, quise escribir: gulp. Si las instituciones del Estado no atienden las certezas de los ciudadanos, entonces, ¿quién es parte de ese Estado? ¿Él, Woldenberg, habría presidido el IFE sin la plataforma que representó la certeza de los ciudadanos respecto a que quienes manejaban las elecciones eran corruptos? Porque De la Madrid, Salinas y Bartlett, por ejemplo, estaban ciertos, en 1988, en que cumplían responsablemente con las instituciones del Estado, y está registrado en la historia que intentaron, y consiguieron, no confundir su compromiso institucional con el convencimiento de los millones que clamaban “fraude”. Si los funcionarios de nivel alto no llegan al servicio público con un cargamento de certezas ciudadanas, ¿cuál idea de público es la que van a servir? ¿O será que “Estado” es nomás una materia para cursar en ciencias políticas y para debatir? Claro, con una copa de coñac en la mano. Prefiero fijar mi certidumbre a partir del artículo de Sergio Aguayo, que termina con una referencia a los consejeros del INE: “En suma, los siete han sido opacos, timoratos, parciales y mañosos.”

Los organismos autónomos, como tantos otros entes del Estado mexicano antes, siempre, desestiman la voz y las tribulaciones de la gente, para quienes los integran, la materia de su labor se constriñe a los confines de la mesa en la que discuten la ley y sus atribuciones, dirimen el presupuesto del que gozarán y sus aumentos salariales, y donde se enfrascan en las opiniones de los profesionales del comentario que aparecen en los medios. La existencia concreta de la mayoría de los ciudadanos y el modo de estos para entender a la, su, sociedad, no son sino el más allá, mera acumulación de certezas inocuas, las de un vulgo que lo ignora todo sobre las ingentes responsabilidades de los hombres y las mujeres de Estado, ellos sí en la trinchera aterradora en la que se arriesgan conceptos preciosos.

 

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