Los indígenas mexicanos han permanecido al margen de los beneficios del desarrollo nacional: 80 por ciento de ellos vive en condiciones de pobreza; de éstos, 30 por ciento en condiciones de pobreza extrema.
De los 623 municipios indígenas del país, 87.5 por ciento está en condiciones de alto y muy alto grado de marginalidad, como documenta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 2015. Este sector de la población vive en las condiciones de mayor pobreza y marginación de la sociedad nacional.
A raíz de los recientes desastres naturales ocurridos en el país, se ha informado de las acciones gubernamentales que se realizan entre la población afectada de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos, entre otros estados.
Los funcionarios han anunciado iniciativas y políticas para hacer frente a los daños ocasionados por los sismos e inundaciones, pero ninguno de ellos ha reconocido que esas tragedias afectaron significativamente a los pueblos indígenas. Las políticas de atención instrumentadas por las autoridades han sido las mismas para todos.
Según declaraciones de funcionarios, entre los que se encuentran los secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Educación, Cultura, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Salud y el propio Presidente de la República, se ha dado el mismo trato a todos los damnificados, pues a su parecer los mexicanos “somos iguales” y lo que interesa es “sacar al país adelante”. Hasta ahora no se ha reconocido el gran impacto que los desastres naturales han tenido y tendrán a largo plazo en los pueblos indígenas.
Zonas indígenas afectadas
En varias fechas de septiembre pasado, el Diario Oficial de la Federación ha incluido declaratorias de desastre natural por sismos e inundaciones en diferentes lugares del país: en Oaxaca hay 283 municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre y en Chiapas, 97, (14 de septiembre de 2017).
En días recientes, debido al temblor del 19 de septiembre y a las graves inundaciones en el país, la Secretaría de Gobernación declaró en estado de emergencia extraordinaria a 112 municipios de Puebla; 40, en Tlaxcala; 33, en Morelos; 19, en Guerrero; 12, en Estado de México, y las 16 delegaciones de la Ciudad de México (https://datos.gob.mx/busca/dataset/municipios-con-declaratoria-de-emergencia-extraordinaria).
En total son 612 municipios de ocho entidades federativas los que fueron dañados por los recientes desastres naturales; entre ellos hay 207 indígenas (de acuerdo con la CDI, son aquellos con 70 por ciento y más de población indígena) y 97 con presencia indígena (aquellos con menos de 40 por ciento de población indígena, pero con más de 5 mil indígenas en su población total), lo que significa que 50 por ciento de los municipios afectados tiene una importante proporción de esa población. El otro 50 por ciento de los municipios presenta población indígena, pero en menor proporción.
La mayoría de los municipios indígenas y con presencia indígena dañados se localiza en Oaxaca y Chiapas, 163 y 52 respectivamente. Hay que señalar que los lugares afectados en Guerrero, Morelos y Puebla también poseen población indígena, pero en menor número.
Las entidades con mayor número de población indígena afectada son Chiapas, con 1 millón 93 mil 451; Oaxaca, con 923 mil 152, y Puebla, con 357 mil 724 personas. La población indígena de los 612 municipios afectados y que pertenecen a ocho entidades está constituida por 2 millones 746 mil 558 personas.
A lo anterior hay que agregar que 58.2 por ciento de los municipios dañados presenta grados de marginación alto y muy alto, y la mayor parte de ellos son indígenas. Así, a la pobreza en la que viven esos pueblos ahora hay que agregar una mayor vulnerabilidad de ese sector de la población debido a los desastres naturales que han sufrido sus territorios en días recientes.
En los 612 municipios afectados habitan 18 pueblos indígenas: acatecos, chatinos, chinantecos, chontales de Oaxaca, chujes, huaves, mames, mazahuas, mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolocas, tlahuicas, tzeltales, tzotziles, zapotecos y zoques.
Los municipios indígenas más golpeados por la naturaleza son los habitados por zapotecos (225), nahuas (197), tzotziles (47), mixtecos (34), mames (27), mixes (24), tzeltales (14) chatinos (11), zoques (9), popolocas (6), huaves (4) y chinantecos (4), entre los más numerosos.
Injusticia cultural
Ante esta diversidad lingüística y cultural del país no se ha hecho mención de políticas y acciones gubernamentales específicas y diferenciadas de acuerdo con la lengua, cultura, costumbres y economía de cada pueblo, así como tampoco se les ha atendido en su propia lengua, porque al parecer todos debemos hablar en español.
Ese silencio sobre las graves circunstancias en que se encuentra la población indígena ha borrado al sector más marginado de la sociedad mexicana y se le ha dado el mismo trato que al resto de los mexicanos afectados.
A pesar de los instrumentos jurídicos y programas gubernamentales de atención dirigidos a reconocer y beneficiar a esa población, es indiscutible que se ha optado por la negación de la existencia y la identidad de los indígenas.
Ante los desastres, la aplicación de programas que no consideren la diversidad cultural de esos pueblos y sus históricas condiciones de marginalidad económica y social dará como resultado una combinación de injusticia cultural y material que mantendrá a esos pueblos aún más marginados de lo que hasta ahora han permanecido.
Debido a que las regiones indígenas sufrieron graves desastres, es en las regiones indígenas donde el Estado mexicano tiene que garantizar los derechos de esos pueblos, la seguridad social, económica, política y los recursos financieros necesarios no solo para la reconstrucción de sus casas, sino que también debe garantizar el restablecimiento de sus economías, de sus sistemas normativos y el ejercicio del derecho a la participación y a la consulta para una mejor coordinación entre autoridades indígenas, municipales, estatales y federales.
Asimismo, se debe garantizar la comunicación con esos pueblos en sus propias lenguas, a través de sistemas de radio en los que se informe sobre los contenidos de las políticas públicas, así como dar a conocer los programas específicos para los pueblos indígenas afectados.
Es necesario repensar cuáles son las tareas y las acciones ante los desastres naturales y ante las graves circunstancias en que hasta ahora han estado esos pueblos. Entonces hay que aclarar lo que toca hacer a los propios pueblos indígenas, a las instituciones del Estado y al conjunto de la sociedad.
*Antropólogo social, miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales AC. Ha sido director de Políticas Lingüísticas en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y actualmente es asesor en el Registro Federal de Electores del INE
