Al pie de la Letra

Periscope infamante

Las penas en los regímenes antiguos presentan un interesante objeto de estudio para los historiadores de las instituciones. Era un tema frecuente la aplicación de penas infamantes. No se trataba solamente de castigar al delincuente sino de humillarlo, el efecto era impresionar a los espectadores y servir de ejemplo para disuadir al público de cometer delitos.

De conformidad a un espíritu humanitario y moderno nuestra constitución prohíbe las penas infamantes en el Artículo 22. También se prohíben la mutilación, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y penas inusitadas y trascendentales.

La infamia en las penas llegaba al grado de dejar cuerpos colgados y miembros descuartizados en las distintas entradas de las murallas. Vemos que el escarnio era un elemento habitual y por eso nuestra Constitución la prohíbe. Humillar al infractor como un elemento disuasivo es ilegal, inconstitucional e inhumano.

Hace días que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México señala que los llamados operativos en periscope de un empleado delegacional contravienen el principio de legalidad y los derechos humanos de los ciudadanos. Hace días en Saltillo vimos una situación similar donde la policía exhibía a una mujer que en estado de ebriedad pedía apoyo a su tío “Chilo”. En este mismo sentido de legalidad se ha pronunciado el Presidente de la CNDH. Si el funcionario no tiene atribuciones para difundir las acciones que videograba, entonces no lo puede hacer. Nada tiene que ver la libertad de expresión.

La autoridad de la delegación en la CDMX se equivoca al insistir en esta ilegal práctica. Pueden grabar, es más que bien que lo hagan, pero que no lo difunda. En Saltillo la autoridad hace bien al sancionar al policía que difunde el video que realizó en ejercicio de sus atribuciones.

La discusión gira en torno a un mundo al revés. Es sin duda mediático el morbo que desata el ver como un funcionario público regaña a los desordenados. Pero llama la atención que perdone la multa a quien hace lo que el funcionario indica. Es decir, negocia el cumplimiento de la ley. El extremo es cuando incluso se borra un archivo difundido en periscope porque el infractor pidió disculpas. El colmo de la impunidad, la ley al arbitrio de cualquier funcionario.

Si la ley dispone una multa por una infracción, que se aplique, si quieren respaldar su actuación en video, es una gran idea, pero que no lo difundan. Eso es una pena infamante.

Al recurrir a este tipo de penas la autoridad renuncia al estado de derecho. Busca en el escarnio y la humillación un remedio a la incapacidad de inspeccionar y hacer cumplir la ley. La justicia y la legalidad no son siempre el camino más sencillo para alcanzar un fin. Pero si son el único camino que puede seguir la autoridad. Por esto podemos asegurar que el uso que algunas autoridades dan a la tecnología y a las redes sociales es una equivocación.