Democracia para erizos

El voto desde la prisión

Resulta común la frase que dice que “la cárcel es para los pobres”. Esta afirmación concuerda con las estadísticas de Inegi, las cuales señalan que las ocupaciones laborales que tenían las personas antes de ingresar a la cárcel eran en su mayoría artesanos, obreros, comerciantes, trabajadores agropecuarios y ambulantes.

En muchos de los casos, las personas que se encuentran en prisión no han sido sentenciadas, y es frecuente que después de transcurrido un tiempo se determine que una persona es inocente y las autoridades únicamente  extiendan una disculpa.

Es decir, el estar en prisión no necesariamente significa que una persona sea culpable de un delito, y por tanto no necesariamente tendría que perder todos sus derechos.

En México, uno de los derechos que se pierden por ingresar a prisión es el de votar, ya que de acuerdo a la fracción II del artículo 38, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre otras razones por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

Esta limitante constitucional podría ir en contra del principio de presunción de inocencia, el cual también se encuentra en la Constitución y que establece que toda persona imputada tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Si comparamos la situación de México con otros países, veremos que es posible atender al principio de presunción de inocencia; por ejemplo en Costa Rica se instalan urnas en las prisiones y en España los reos no sentenciados pueden votar vía correo tradicional.

En Costa Rica, desde 1998, se reconoció el derecho al voto a las personas en situación de reclusión que aún no han sido suspendidos en sus derechos políticos por sentencia ejecutoriada.

El Código Electoral costarricense (Ley n.° 8765 de 2 de septiembre de 2009) señala que el Tribunal Supremo deElecciones reglamentará la instalación de las juntas receptoras de votos, para permitir el sufragio de los privados de libertad y de los ciudadanos costarricenses en el extranjero”.

En el mismo sentido, Colombia permite votar a las personas que se encuentran privadas de la libertad que aún no han sido condenadas. El Tribunal Constitucional en la Sentencia No. T-324/94 señaló:“2.3.1. Los detenidos privados de la libertad - aún no condenados - pueden ejercer el derecho al sufragio siempre y cuando reúnan las condiciones exigidas por la ley para tal efecto”

En España, el artículo tercero de la Ley del Régimen Electoral General, dispone que carecen de derecho de sufragio: “Los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento”.

Es decir, aquellos que no han sido sometidos a una sentencia judicial firme pueden ejercer su voto, para ello, en todos los centros penitenciarios se presentan sesiones informativas en las que explican el procedimiento de votación.

El voto se realiza vía correo, para ello, el director de cada prisión  solicita a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos que un funcionario acuda al centro en cuestión para recabar los votos.

Los ejemplos anteriores nos permiten debatir acerca de si en México podría permitirse el voto a las personas que se encuentran en prisión y que no han sido sentenciadas.

En México, el voto podría ejercerse vía correo tradicional, tal y como ya existe para las personas que residen en el extranjero.

Ello, además de garantizar el derecho humano al voto,  podría significar un aliciente para que los legisladores atendieran las necesidades de las personas en prisión y realmente se estableciera un adecuado sistema de reinserción social.