Vertebral

Derechos Humanos

El jueves pasado, Marcela Moreno y su servidor estuvimos en Saltillo para desarrollar una entrevista con el Gobernador Rubén Moreira. En el Palacio Rosa se constituía un protocolo de Derechos Humanos vigente para el estado. A Moreira le ocupa el tema debido a su experiencia como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en sus tiempos como legislador.

En la charla, el Gobernador expuso una serie de reflexiones orientadas a las leyes de avanzada que busca se apliquen en la entidad. Defiende la idea de que todos, sin excepción, tenemos el derecho de enfrentar procesos judiciales con las garantías primarias que marca la Organización de las Naciones Unidas: ¿A pesar de que los delincuentes no respeten los mismos Derechos Humanos hacia sus víctimas?, le pregunté. Se limitó a contestar que en México había procedimientos que, eventualmente se encargarían de juzgar y castigar en caso de encontrar alguna responsabilidad.

Creo que todos hemos orientado los esfuerzos políticos, legislativos y del ejercicio de la función pública al tema del crimen organizado y en ese sentido estamos rebasados como país, pero qué pasa con los delitos del fuero común, qué pasa con personas inocentes que permanecen injustamente en las cárceles de nuestro país, con las mujeres maltratadas en casa que no tienen otra manera de enfrentar la violencia sino con sumisión o aquellos que por sus preferencias sexuales o religiosas son discriminados en las empresas.

Hoy por hoy, en nuestras comunidades priva la idea de “culpable hasta que no se demuestre lo contrario”, la anterior premisa ha perjudicado a miles y miles de personas, ha poblado las prisiones de individuos inocentes, que por no tener los medios económicos e intelectuales son vejados en sus derechos fundamentales. A la par viene la actualización que tendrían que aplicar nuestros legisladores en el sistema judicial. Hay casos tan irrisorios como el de un hombre que robó un litro de combustible y por ello tuvo que purgar una pena de dos años en prisión, dos años en los que habitó una cárcel, comió y consumió un presupuesto que pudo haber sido utilizado en otros rubros prioritarios, dos años en los que uno o varios jueces discutieron liberarlo o condenarlo, dos años de aparato burocrático, dos años en los que se dilapidó dinero.

 angel.carrillo@multimedios.com