Fusilerías

Espías o negligentes

La respuesta oficial a la queja de un grupo de periodistas, defensores de derechos humanos y promotores de transparencia sobre los intentos recurrentes de instalarles un malware de espionaje en sus teléfonos, vía un programa denominado Pegasus al que solo tienen acceso entidades gubernamentales, ha dejado más interrogantes que señales de solución.

Responde el gobierno federal a bote pronto al NYT, no al autor de la investigación (Citizen Lab) ni a los agraviados con el intento de espionaje, que él no fue pero va a investigar quién sí. Más allá de que también autoridades estatales han comprado el instrumento, de entrada, hay un mea culpa por negligencia, pues debe ser un selecto grupo de la inteligencia anticrimen el que opera Pegasus y tiene una cabeza. No es que se trate de buscar “una aguja en un pajar”.

Se deduce que entonces no hay control sobre el exclusivo comité que tiene a su cargo la operación de Pegasus, que evadió el protocolo (si es que lo hay) para usarlo en objetivos ajenos a sus fines. ¿Cuánto tiempo puede tomarles saber, si es que no fue orden del propio gobierno federal, quién hizo mal uso del programa, ya sea en el manejo o en su “renta” a personajes ajenos a la inteligencia anticrimen?

Después la PGR anuncia una investigación que incluye a proveedores, gobiernos y empresas que hayan contratado o comprado servicios de espionaje. Ojo. No limita su indagatoria al caso Pegasus, sino que la abre a un sinfín de posibilidades que deja el camino allanado para llevarse el asunto ad infinítum. Espionaje telefónico hay desde siempre, basta recordar dos casos emblemáticos: las charlas de Kamel Nacif con el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el encontronazo de dos hermanos Salinas por el uso del erario, balconeado en horario estelar por Televisa.

Más allá de la falta de controles y contrapesos por parte del Congreso, que apenas está pensando cuándo pide cuentas sobre el caso, espanta saber que el Presidente se declare víctima del sentimiento de ser espiado y, peor aún, se ofenda por la sospecha de que el delito provenga de su gobierno, cuando es obvio que se le mire por ser uno de los compradores y usuarios del malware. Remata su discurso de ayer con la advertencia de que se puede proceder “contra quienes han levantado esos falsos señalamientos” y luego corrige.

Si no son espías, son negligentes.

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