Voz Ciudadana

Es tiempo de erradicar la corrupción en Hidalgo

Debemos construir un efectivo mecanismo que permita a los poderes del estado, y las autoridades locales, trabajar de manera coordinada para combatir la corrupción.

Ante la pregunta de ¿cuál debe ser la esencia de nuestro Sistema Estatal Anticorrupción?, mencionaremos algunas propuestas.

Primero, se debe desterrar la idea que la corrupción es un tema normalizado. Por el contrario, debemos ser agentes de cambio, que diga no a la corrupción, no a la impunidad, fortalecer las instituciones, no a las personas. Si alguien comete un acto de corrupción, o abusa de un poder conferido, debe ser castigado. Instituciones fuertes, que estén blindadas, ante la presión de quienes han encontrado un modus vivendi, a través de la corrupción.

Esto significa, que todo servidor o servidora pública, destierre la idea que los recursos públicos, se pueden ejercer para fines personales. A ello se le llama desnormalizar la corrupción.

Segundo, toda fortuna sospechosa debe ser investigada. Desterrar la idea que el poder da riqueza, robar, malversar o malgastar dinero público, atenta contra el desarrollo de cualquier sociedad y mantiene la brecha entre los que acceden al poder, sea económico o político, y el resto de la sociedad.

Tercero, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, es decir, que toda dependencia o municipio del estado que ejerza recursos públicos, debe ser transparente, al decir cuánto y en que se gastó el recurso, ello debe ir acompañado, de herramientas que permitan acceder a la información pública, no solo es a través de un informe anual.

Por el contrario, diariamente, y de manera accesible, la ciudadanía debe observar cómo y en qué se van gastando nuestros recursos. Una opción puede ser a través de una página web con un contador de recursos, en el cual se refleje el gasto diario.

Hoy la tecnología nos permite, ser más efectivos al momento de informar, sin embargo, también se pueden habilitar espacios en los centros comunitarios, ejidales, de barrio, colonias, fraccionamientos, etc., para difundir las acciones de las autoridades. El acceso a la información implica, que toda persona que quiera saber y conocer sobre las acciones que realzan sus autoridades y representantes, lo puedan hacer, sea en braille, en alguna lengua indígena, etc.

Por otro lado, la rendición de cuentas, consiste en ir más allá de motos y números, de los gastos realizados, por el contrario, implica el razones y motivos de las decisiones, porqué se decidió gastar un recurso público, para una obra o acción de poco o bajo impacto. Aquí podríamos observar que se puede ser muy transparente, al decir cuánto y en que se lo gastaron, pero lo importante es el porqué, de la decisión, que hizo que el dinero se gastara en algo, que la mayoría no considera prioritario, pero que se termina pagando con recursos públicos.

Cuarto punto; debemos ponerle un freno al manejo discrecional de los recursos, para ello el sistema estatal anticorrupción, deberá estar pendiente, y generar los protocolos adecuados, para garantizar que los acuerdos y acciones que se hagan desde el servicio público, sean trasparentes, bajo convocatorias claras y abiertas.

Para ello se deben fortalecer los mecanismos de fiscalización, los cuales deben ser eficientes y eficaces, para que durante los gobiernos en funciones se puedan realizar las investigaciones necesarias, y prevenir que una persona que haga mal uso de los recursos públicos, termine periodos y mandatos.

Además, en caso de malos manejos de la cuenta pública municipal, que sean aprobados por el cabildo (síndicos y regidores), también de asumir la misma responsabilidad que el gobernante, y por lo tanto investigados y sancionados.

Lo cierto es que el régimen político municipal debe cambiar, no puede esperar, ni quedar impávido, ante un mal gobernante que atente contra las finanzas públicas, ello pone en grave riesgo la estabilidad de los gobiernos e instituciones. Es momento de mayores pesos y contrapesos en el cabildo, que hoy, no existen. Es decir, ya no pueden seguir siendo electos las y los regidores por planilla (lo que garantiza al Presidente Municipal, mayoría absoluta).

Quinto punto; para reducir la discrecionalidad y favorecer el buen gobierno, se debe fortalecer el vínculo entre gobiernos y ciudadanía, ello implica incorporar mecanismos de participación ciudadana, que sirvan como un contrapeso y freno de mano al poder político.

Un ejemplo de ello, es el fortalecimiento de la contraloría social (como un aliado fundamental del sistema estatal anticorrupción), así como la incorporación de otros mecanismos importantes como los presupuestos participativos. Ello implica otras modificaciones legales, ya que si bien, nada impide que los gobiernos, sobre todo a nivel municipal, impulsen la formulación de políticas públicas, lo cierto es que se debe legislar, para que de manera permanente y obligatoria, se incorpore la voz, la opinión y participación de la ciudadanía, en el proceso de toma decisiones, quienes además deben permanecer durante todo del proceso de la política pública (Identificación de la problemática, formulación de la política, implementación y evaluación), por ello, es a través de los presupuestos participativos, que consiste, en destinar cierta cantidad de recursos públicos, para que su aplicación sea decidida por la propia ciudadanía beneficiaria. Lo que fortalece el vínculo gobierno-sociedad y da mayor transparencia y rendición de cuentas, a las decisiones gubernamentales.

Como se puede observar, para que el sistema estatal anticorrupción funcione, requiere cambios estructurales, y modificar el propio régimen político, situación que favorecerá la construcción de gobiernos más eficientes, eficaces y con alto grado de legitimidad.

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