Voz Ciudadana

Sistema anticorrupción en México y la Participación Ciudadana

El pasado 27 de mayo del 2015 se promulgó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción que dio vida al denominado y tan mencionado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sin embargo su implantación nacional y local, ha tenido un camino sinuoso.

Sin duda alguna, el gran tema electoral 2018 es el combate a la corrupción. Que si bien, no dejara de lado otras problemáticas, su atención, prevención y erradicación, ya ocupa el primer lugar en la agenda pública.

Lo interesante es que, después de 40 años (reforma política 1977), el discurso político no gira en torno a la posible modificación de las reglas electorales, si bien hay muchos puntos que pueden y deben ser analizados, ya es momento de fortalecer el sistema político, y dejar de modificar tan solo los subsistemas electoral y de partidos, es decir, seguir modificando las reglas del juego para acceder al poder.

Es momento de crear y fortalecer las instituciones que permitan crear los suficientes pesos y contrapesos al ejercicio del poder. Sea en los cargos de representación o de gobierno.

Hay que tener claro que el principal problema no es que exista la corrupción, el gran problema es la impunidad. En toda sociedad democrática, no puede ni debe existir, crimen sin castigo.

Si bien no se puede crear un sistema político inmune a la corrupción, si se puede crear un sistema que castigue fuertemente los actos de corrupción y a quienes se vean involucrados en ellos.

Como vemos la corrupción no es un problema que deje de existir o desaparecer, pero si al crear mecanismos, e instituciones que sean más fuertes que las personas, lograremos dar un verdadero paso, hacia la construcción de una nueva cultura, política, social y económica, en la cual la corrupción sea fuertemente castigada.

SNA Y EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Como tal el SNA es un diseño institucional creado para mejorar los procedimientos de prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción, lo que implico crear y la ética pública.

Para ello se cuenta con un comité coordinador, conformado por siete instituciones públicas: Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, así como el Comité de Participación Ciudadana.

Quienes tienen que planificar, diseñar y promover políticas públicas, determinar mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información estratégica; diseñar metodologías e indicadores para la evaluación de las políticas públicas; establecer lineamientos y mecanismos de coordinación y colaboración con los sistemas locales anticorrupción y con autoridades de fiscalización y financieras; realizar informes, emitir recomendaciones y supervisar el cumplimiento de las mismas.

Pero lo más importante, es que su trabajo, tendrá un efecto inmediato a nivel local. Por ello las miradas giran en torno al funcionamiento del SNA en sus primeros meses de ser implementado (mencionando que aún no se cuenta con un fiscal, un tema no menor y que debe resolverse pronto), ya que son la punta de lanza de los 32 Sistemas estatales anticorrupción del país.

Lo interesante es que, la presidencia del SNA está encabezada, por el Comité de Participación Ciudadana, instancia representativa de la sociedad civil.

Actualmente está conformada por Jacqueline Peschard, José Octavio López Presa, Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández y Luis Manuel Pérez de Acha, quienes han destacado en el ámbito académico y social, con una trayectoria importante en materia de rendición de cuentas.

Esta debe ser el piso básico al momento de elegir a los respectivos Comités de Participación Ciudadana en los estados. Personas que tengan y cuenten con una reconocida trayectoria, en lo académico y social. De lo contrario los sistemas estatales anticorrupción, serán frágiles, y presas fáciles de la vorágine política.

La principal función del Comité de Participación Ciudadana es vigilar que las instituciones integrantes del SNA cumplan con las funciones asignadas por ley, y sobre todo actuar con transparencia y rendición de cuentas.

También tiene la función de articular y encauzar esfuerzos con los diversos actores sociales para configurar una política nacional anticorrupción incluyente con enfoque de derechos humanos.

Su tarea es reunir toda la información necesaria para elaborar propuestas, exhortos y recomendaciones a las autoridades integrantes del comité coordinador. Y lo que no debe hacer son trabajos de fiscalización, sustituir funciones de investigación, etc.

Las cuales deben ser realizadas por otras instancias. Tampoco debe ser una instancia mediateca que busque la autopromoción, difundiendo la captura de "peces gordos", porque pudieran ser considerados, paliativos sociales, y no la verdadera lucha frontal y sistémica.

Cabe mencionar que las y los ciudadanos que integran el Comité de Participación Ciudadana del SNA son servidoras y servidores públicos porque tienen un encargo ajeno y lejano, a intereses o ganancias privados, cuyas acciones se orientan a beneficiar a la sociedad.

Lo que significa que todo Comité de Participación Ciudadana de los Estados, deben ser nombrados mediante procesos abiertos, apartidistas, transparentes, y abiertamente participativos, con reglas claras y equitativas, abiertas al escrutinio público. Solo así se dotara de legitimidad a los Sistemas Estatales Anticorrupción, de ahí la importancia de su elección.

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