Voz Ciudadana

Qué SÍ y qué NO pueden hacer, las y los servidores públicos durante el proceso electoral (I)

Toda conducta que se realice con el objetivo de influir en la equidad de la contienda electoral, puede ser sujeta a una sanción, de acuerdo a artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A grosso modo las principales prohibiciones que marca el Instituto Nacional Electoral en materia de propaganda gubernamental para lxs servidores públicos son:

• Condicionar un trabajo, la provisión de servicios, la entrega de apoyos, recursos u obra pública, provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, ya sea en especie o en dinero. Como puede ser exigir la promesa o demostración del voto a favor de algún aspirante, precandidatx, candidatx, partido o coalición, a la abstención, o bien, a la no emisión del voto en cualquier etapa del proceso electoral. También pude ser pedir la promesa, compromiso u obligación de asistir, promover o participar en algún evento o acto de carácter político o electoral. Así como el pedir a un trabajador(a) realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de logística o análogas en beneficio o perjuicio de partido político o coalición.

• Entregar o prometer recursos públicos en dinero o en especie, servicios, programas o cualquier recompensa a cambio de alguna de las conductas arriba mencionadas.

• Amenazar o condicionar con no entregar recursos, en dinero o en especie, provenientes de programas públicos federales, locales o municipales.

• Recoger, retener (o amenazar con hacerlo), la credencial para votar, a cambio de la entrega o mantenimiento de recursos, apoyos o programas públicos.

• Ordenar, autorizar, permitir la entrega, otorgamiento, administración o provisión de recursos con símbolos de promoción personalizada de funcionarios públicos, la promoción del voto a favor, o en contra de partidos políticos así como la abstención de votar.

• Entregar, otorgar, administrar o proveer recursos públicos con elementos simbólicos de partidos y/o candidatos.

• Obtener o solicitar declaración firmada a los electores del sentido de su voto (promovidos).

• Permitir o tolerar la utilización de los recursos a su cargo, sean humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición, para promover o influir o inhibir, de cualquier forma, en el voto respecto de un partido político o candidato.

• Emplear recursos públicos que vulneren la equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos a juicio de la autoridad electoral.

• Utilizar medios de comunicación social oficiales, de los tiempos del Estado a que el servidor público tenga derecho o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet oficiales y sus redes sociales, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato.

• Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político-electorales.

• Asistir en día y/u hora hábil en términos de la normatividad legal a actos partidistas sin importar que goce de licencia.

• Usar recursos públicos para difundir propaganda.

• Difundir informes de labores desde la campaña hasta la jornada electoral.

• Utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales.

• Durante las campañas electorales y hasta la jornada electoral, la inclusión de elementos visuales con lemas de gobierno puede ser contrario al principio de imparcialidad.

• El uso de los padrones de beneficiarios para promocionar a cualquier gobierno, partido o candidato vulnera la imparcialidad en el proceso electoral.

• Está prohibido además, que la propaganda pública gubernamental utilice imágenes, símbolos, nombres o voces de los servidores públicos y sea difundida en medios de comunicación social.

Por otro lado, tienen la obligación de publicar las reglas de operación de los programas sociales, de lo contrario se presume el uso electoral.

Lo anterior retomando el acuerdo INE/CG66/2015 establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se emiten normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos.

¿ESTABILIDAD LEGISLATIVA?

En Hidalgo durante la presente legislatura el 53.3% de las y los diputados han solicitado licencia, antes de concluir su periodo (18 licencias, 16 diputadxs), situación que nos permite cuestionar a la ciudadanía, de la necesidad de poner candados y frenos legales, para garantizar que las personas que ocupan un cargo público de representación popular, concluyan su periodo y no lo dejen a medias para ocupar a otro cargo.

#YaFirméLey3de3 ¿Y tú?

"Por una sociedad libre de discriminación y violencia"

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