Voz Ciudadana

“Restricciones a la propaganda gubernamental” (II)

Otra manera de contribuir en la construcción de elecciones equitativas y competitivas, es garantizar que los recursos públicos no influyan en los procesos electorales, por eso debemos destacar las acciones que diversas delegaciones federales y dependencias locales están implementando en materia de blindaje electoral.

Por ello, este espacio se suma a las acciones en materia de blindaje electoral, y da continuidad a las principales restricciones en materia de propaganda gubernamental.

USO DE REDES SOCIALES

Todos los equipos tecnológicos, informáticos o de comunicación (incluidos los servicios de internet y cuantas de redes sociales oficiales) que se adquieren con recursos del Estado, constituyen una herramienta o instrumento de trabajo que los servidores públicos únicamente deben utilizar para el cumplimiento de sus funciones.

En tal virtud, los servidores públicos no podrán utilizar las cuentas de correos electrónicos institucionales, Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otro tipo de red social o medio de comunicación, para fines electorales.

Cabe mencionar que de acuerdo a la sentencia SUP-REP-503/2015, se determinó anular la elección del Distrito 1º de Aguascalientes (elección federal para diputados), entre otros factores, por la difusión de mensajes e imágenes a través de la cuenta oficial del Gobernador del Estado.

BOLETINES DE PRENSA

La ejecución de programas de gobierno no necesariamente debe suspenderse, pero en toda la publicidad e información relativa, su contenido debe tener relación o influir en algún proceso electoral local.

La Sala Superior del TEPJF estableció que, durante los procesos electorales, las áreas de comunicación social no deben incorporar en boletines la imagen o nombres de servidores públicos.

DECLARACIONES O CONFERENCIAS DE PRENSA

Al respecto, debe tomarse en consideración que cualquier emisión de declaraciones o mensajes por parte de las y los servidores públicos que pudieran tener alguna relación con los comicios, pueden ser considerados por la autoridad en la materia como violatorios de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

La difusión durante las campañas electorales de un mensaje ante los medios de comunicación por servidores públicos, cuyo contenido hace referencia, explicita o expresamente, a logros, programas o proyectos de gobierno, incurre en la difusión de propaganda gubernamental prohibida (SUP-RAP-307/2009, SUP-RAP-57/2010, SUP-RAP-119/2010).

Declaraciones de un Secretario de Estado en contra de un partido político durante el proceso electoral viola el principio de imparcialidad (SUP-RAP/318/2012).

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES

La violación de las restricciones antes señaladas, generan responsabilidades electorales, administrativas y/o penales del servidor público infractor.

En materia electoral: La difusión de propaganda en contravención a las disposiciones en la materia puede incurrir en una infracción prevista en el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales o del art. 126 del Código Electoral del Estado de Hidalgo.

La consecuencia de que se declare la existencia de una infracción, implicaría que se dé vista al superior jerárquico del servidor público, así como al órgano interno de control o ministerio público competente, a efecto de aplicar la sanción correspondiente.

En materia administrativa: No utilizar los recursos que los servidores públicos tengan asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas o infringir, por acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos.

Tales conductas se consideran graves, lo cual ocasiona que se sancionen con la destitución del cargo y el plazo de prescripción es de cinco años.

En Materia penal: El artículo 223, fracción II, del Código Penal Federal y el art. 308 y 356 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, en general establecen que cometen el delito de peculado las y los servidores públicos que indebidamente utilicen fondos públicos u otorguen alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.

La base de la democracia es la ciudadanía activa y participativa. Por ello la realización de elecciones libres y transparentes, es una tarea conjunta y corresponsable.

"Por una sociedad libre de discriminación y violencia"

@alfreduam