Voz Ciudadana

Reelección inmediata del Legislativo: ¿Gobernabilidad o representatividad?

La reelección inmediata de diputados y senadores, es uno de los temas que sigue estando en el debate académico, sobre todo por sus implicaciones en nuestro sistema político.

Para ello debemos recordar que el art. 59 de la Constitución de 1917, que estuvo vigente de 1933 -hasta la reforma del 2014, impedía la reelección de los senadores y diputados al Congreso de la Unión para el periodo inmediato al de la legislatura de que formaron parte.

Esta medida no impedía participar en el siguiente proceso electoral a las y los diputados y senadores suplentes siempre y cuando no asumieran el cargo, además, dicha reforma tampoco frenaba que un diputado, pasara a la Cámara de Senadores, o viceversa.

La prohibición de la reelección “inmediata”, surge a raíz de la celebración del I Congreso Nacional de Legisladores de los estados, convocado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario en Aguascalientes, en octubre de 1932, la reforma constitucional fue aprobada el 29 de abril de 1933.

De esta manera, el principio reeleccionista ya no sólo se limitaba al poder ejecutivo, también se extendía al poder legislativo.

En octubre de 1964 el Partido Popular Socialista (PPS) presentó una iniciativa que impulsaba la reelección de los diputados federales, ya que de acuerdo a Vicente Lombardo Toledano, “la imposibilidad de reelegir a esos miembros del Legislativo impedía la formación de cuadros parlamentarios dotados del necesario rigor profesional”. Es decir, surgía el planteamiento de profesionalizar el poder legislativo, a través de la reelección inmediata.

Dicha propuesta en un principio contó con la aprobación de la Cámara de Diputados, no así de la de Senadores.

Y fue así que la reforma de 1933 prohibió la no reelección inmediata, la cual perduró 81 años, por lo que este tema fue prácticamente borrado de toda discusión legislativa.

Reforma constitucional en materia político-electoral 2014

De acuerdo a la última reforma electoral, las y los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos y las y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir 12 años.

Sin embargo el dato relevante es que deberán ser postulados por el mismo partido, a menos que hayan renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato, de acuerdo al art. 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La reforma contempla que también se deberá permitir la reelección de las y los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del DF por hasta cuatro periodos consecutivos. Igual que a nivel federal, su postulación deberá ser por el mismo partido, a menos que haya renunciado a su militancia antes de la mitad del mandato (art. 115, fracción I de la CPEUM).

Esto significa que la reelección prácticamente queda en manos de los partidos, quienes decidirán si promueven la reelección o no.

De esta manera, garantizan que las y los legisladores mantengan lealtad al partido y disciplina legislativa.

Gobernabilidad y representatividad

Cuando se analizó la reforma política del 2014, había dos grandes posturas, favorecer la gobernabilidad (disciplina legislativa) o mayor representatividad (entre la ciudadanía y quienes resulten electos).

Para algunos actores políticos, el principal problema de la democracia en México es que, desde 1997 el Presidente carece de mayorías en el Congreso, es decir, para poder impulsar reformas requiere del apoyo y acuerdos de otros partidos políticos.

Por otro lado, hay quienes argumentaron (entre los cuales me incluyo) que el principal problema era la falta de pluralismo representativo y para ello se requiere hacer más incluyente el sistema electoral.

Favorecer la gobernabilidad supone que no sólo se adopten decisiones de manera oportuna y con el menor costo político posible, sino que cuente con legitimidad, es decir, el apoyo de la sociedad.

Una democracia funcional supone no sólo dar voz y opinión a la pluralidad de intereses que permean en la sociedad, sino sumar esos intereses de manera tal que permita la formación de coaliciones, capaces de tomar decisiones colectivas y con un grado de coherencia.

Presente debemos tener que una reforma política no resuelve de manera directa ciertos problemas sociales y económicos que aquejan a la ciudadanía en las nuevas democracias latinoamericanas.

Pobreza, desigualdad social, crecimiento económico, abuso de poder de las corporaciones económicas, seguridad, entre otras problemáticas, podrían irse resolviendo a través de políticas públicas adecuadas, y para ello se requiere de otro elemento, participación política, es decir, debemos favorecer la representatividad, más que la gobernabilidad.

Todo régimen democrático deberá estar basado en la capacidad de promover políticas públicas desde lo local.

Ello dependerá de los incentivos que las leyes provean, para una efectiva cooperación entre ramas de gobierno y la sociedad civil.

http://twitter.com/alfreduam

www.alfredoalcala.mex.tl

www.facebook.com/alfredo.alcalamontano