Voz Ciudadana

Gobernar sin discriminar: Políticas públicas a favor de la igualdad

Desde la sociedad debemos construir entornos sociales, libres de discriminación, considerando que el entorno familiar es clave y determinante de la formación del individuo.

El principal reto de todo gobierno es la reducción de la pobreza y marginación social, y para ello se requiere del impulso de políticas gubernamentales y sobre todo de políticas públicas con un enfoque de igualdad.

Gobernar sin discriminar

La construcción de una sociedad libre de discriminación y de violencia, es una tarea corresponsable gobierno-sociedad, siendo las autoridades quienes ejercen el rol protagónico ya que es a través de planes, acciones y programas, como se deben generar las condiciones de desarrollo que permitan reducir las brechas de desigualdad existentes, y sobre todo como recientemente lo comento Ricardo Bucio Mújica, Presidente del CONAPRED “el contexto que puede generar la desigualdad se hace o se modifica mediante las políticas públicas”.

Por ello es importante para combatir la discriminación, el que todas las instituciones públicas (y privadas), así como entre las y los servidores públicos de todos los niveles de gobierno se promuevan, respeten y garanticen los derechos humanos, sobre todo el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Para lo cual se deben implementar acciones y medidas institucionales, y sobre todo, la modificación de los programas gubernamentales para lograr este objetivo.

Por otro lado, desde la sociedad debemos construir entornos sociales, libres de discriminación, considerando que el entorno familiar es clave y determinante de la formación del individuo.

Sin embargo, es determinante la acción pública para garantizar el goce y reconocimiento de los derechos humanos.

Gobernar sin discriminar, no significa gobernar para la mayoría, significa que las y los tomadores de decisiones no privilegien a ningún sector de la sociedad, sino que generen las condiciones, que favorezcan la inclusión e integración al desarrollo a todos los sectores sociales.

Por ello, el enfoque de toda política pública que por definición debe ser incluyente, deben ser además integradoras y no discriminadoras, esto significa que deben construirse con perspectiva o enfoque de derechos.

Las políticas públicas basadas en derechos deberán considerar como ejes transversales, los principales valores consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como son: el valor de la “dignidad de las personas”, es decir, nada que denigre ni atente contra el bienestar ni la calidad de vida de las personas; el segundo valor es el “la no discriminación”, es decir, no realizar acciones que sean excluyentes, o generen desigualdades sociales, como puede ser el pago diferenciado entre hombres y mujeres, o el privilegiar obras en una comunidad, excluyendo a otra tan solo por factores políticos, o excluir del proceso de toma de decisiones a la ciudadanía o a los sectores perjudicados o beneficiados con alguna la acción pública; un tercer valor, es el privilegiar en todo momento la construcción de sociedades y entornos democráticos, necesarios para el efectivo goce de derechos, y para la gestación de políticas públicas.

¿Qué es una política pública?

Las políticas públicas son la principal herramienta, que permite a los tomadores de decisión, atender y resolver una problemática con base en la inclusión de diferentes actores, quienes no solo detectan la problemática a atender, sino que además presentan alternativas de decisión, lo que permite dotarlas de tres características: eficiencia, eficacia y legitimidad. De manera eficiente porque se busca el menor costo económico posible; eficaz, porque busca resolver el problema de fondo, y con legitimidad, porque la decisiones no son verticales, sino horizontales, incentivando la generación de consensos.

¿Qué se necesita para crear leyes exitosas?

Algo muy simple, “no discriminar a la sociedad” de su derecho a participar en la formulación de las leyes, planes y programas. Recordemos que al Estado le corresponde “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos, deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política”.

“Por una sociedad libre de discriminación y de violencia”

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