Apuntes pedagógicos

Nuño: un legado de pobreza educativa

Poco más de dos años bastó a Nuño en su calidad de Secretario de Educación Pública para dejar un legado pobre de su trabajo que expone una vez más que la educación en nuestro país no representa ninguna prioridad como verdadera política social. Los resultados educativos en todos los ámbitos, muestran un estancamiento y retroceso, derivado de la escasa visión para implementar políticas integrales que atiendan las problemáticas. La gestión de Nuño (agosto 2015-diiembre 2017) se caracterizó de esa escasa visión, además de la necedad autoritaria en el desarrollo de estrategias, particularmente las referidas a la evaluación docente. Como lo he apuntado en estos dos últimos años, la política educativa se ha diseñado sin el soporte de verdaderos diagnósticos y más fundada en las ideas de mentes iluminadas que consideran a la educación un producto que puede modificarse al antojo. Son muchas las políticas implementadas, pero sólo me referiré a tres que considero relevantes de la gestión nuñista.

La primera de ellas tiene que ver con la evaluación de desempeño docente. Una evaluación que se ha caracterizado por su carácter punitivo y administrativo, que en la gestión nuñista llego a los extremos de militarizarla con la finalidad de cumplir las metas, las cuales por cierto no alcanzaron más que porcentajes raquíticos de los programado. No se puede pensar en la mejora profesional del docente si se le antepone la amenaza de despedirlo si no se sujeta a una evaluación unilateral y sino la aprueba bajo criterios inciertos. Una evaluación que sólo ha servido para generar un mayor encono, molestia, rechazo e incertidumbre en los docentes producto de las irregularidades en el desarrollo de los procesos encargados al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

La segunda de ellas, prometida e iniciada por Chuayffet por cierto, es la referida a la reforma de la educación normal. Nuño siguió en la tónica de no escuchar, aún cuando le correspondía la concreción después de la consulta de 2014 y la segunda consulta de 2016, en el marco del nuevo modelo educativo. El desdén mostrado para estructurar una política para la formación inicial de los docentes en las escuelas normales persiste hasta la fecha. Un primer golpe al normalismo fue en 2013, con la Ley General del Servicio Profesional Docente al establecer que para el ingreso al servicio docente “podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa correspondiente; así como con los requisitos que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de condiciones, sin demérito de origen, residencia, lugar o formación profesional” (Art. 24).  En marzo de 2016,  Nuño anunciaba que “la educación inicial de los maestros ya no es únicamente responsabilidad de las Normales. Lo es también, a partir de la Reforma (Educativa), de las universidades. Hoy ya cualquiera que tenga un título de licenciatura se puede presentar al examen para ser maestro y si obtiene el puntaje adecuado puede ser maestro. No es ya el monopolio de quienes estudian en una Normal”. La incorporación a la docencia “de cualquiera que tenga una licenciatura” se presenta como una intención de acabar con el normalismo. Se presenta como un desprecio a la pedagogía y a la didáctica, y más aún, se presenta como un desprecio a la profesión más noble: ser maestro.

La tercera de ellas tiene que ver con el nuevo modelo educativo. Esta estrategia solo dejo en claro dos grandes vacíos: la ausencia de una evaluación de políticas y la carencia de un diagnóstico integral, así como el desprecio a lo educativo y pedagógico. Es preciso tener presente que en ningún momento se realizo una evaluación del proceso de articulación de la educación básica que dio origen a las planes y programas de estudio vigentes, sin embargo se decidió emprender la construcción de un “nuevo modelo educativo” para la educación obligatoria. La “construcción” de este Modelo y los planes y programas de estudio para la educación obligatoria (aprendizajes clave para la educación integral) llevó alrededor de un año, lo que expresa el apresuramiento de la política educativa (y los funcionarios y políticos) para cumplir las metas establecidas pero no para resolver los problemas educativos. El punto de partida para “construir” estos dispositivos (Modelo y plan y programas de estudio) fueron foros y consulta, que es de conocimiento de todos los que participamos, del manejo político que se le dio, asignándole a una institución (CIDE), lejana del conocimiento educativo, la sistematización e integración de las opiniones, dejando fuera a instituciones con mayor conocimiento (UPN, UNAM, UAM, Normales, DIE). Como colofón de esta caótica política, el Modelo educativo tiene prevista su implementación hasta agosto de 2018, cuando la administración federal está prácticamente de salida.

La situación educativa de nuestro país debe verse y analizarse con responsabilidad, ajena a los intereses políticos y personales (como el caso de Nuño). Al frente de de la Secretaría de Educación Pública se requiere de una persona con alta sensibilidad hacia las problemáticas educativas, con altura de miras para el diseño, implementación y evaluación de un proyecto de política educativa integral que congregue esfuerzos de todos los actores, particularmente de los maestros, quienes han sido relegados en los últimos sexenios. Se necesita entonces de un Secretario que priorice lo educativo y pedagógico por encima de lo político.

torresama@yahoo.com.mx