El otro enfoque

Los negocios del Puerto Interior

1.- Una denuncia de millones contra personajes públicos

Los predios que se ubican en lo que ahora es el Puerto Interior en Silao, representaron uno de los mejores negocios en los últimos años, sobre todo, para algunos funcionarios que aprovecharon la coyuntura.

Al menos será lo que esta tarde denunciarán los abogados del empresario Juan Carlos González, quien como administrador de la marca Century 21 en la zona, advierte una serie de actos ilegales, quizás fraudes, que se cometieron por parte de gente que labora o laboró en el Gobierno de Guanajuato.

La denuncia llamará la atención, sobre todo porque se ventilarán varios nombres conocidos, algunos aún en funciones dentro de la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado y no dude que aparezca el nombre del actual presidente electo de León, Héctor López Santillana.

A decir de los enterados, los abogados del empresario, han documentado fraudes en predios que actualmente ocupan las empresas como Pirelli o Nestlé, además de otras ubicaciones de mayor plusvalía en el Puerto Interior.

Hoy al medio día, en un hotel de Silao, los denunciantes prometen dar detalles y documentos que avalarán su denuncia.  ¿Será?

2.- Cascadas de denuncias contra líderes priistas

Por cierto, a los que también les lloverán denuncias penales son a los aún dirigentes estatales del PRI, por engaños o accesos a precandidaturas pasadas a cambio del pago de varios miles de pesos.

A decir de los enterados, las denuncias se incrementarán poco a poco y en cascada.

El priista, Jesús Alanís Mosqueda, ex precandidato a la alcaldía de Villagrán, denunció hace unos días que sus líderes no sólo lo estafaron, sino que lo engañaron con el cobro de supuestas encuestas jamás vistas.

Hoy el ex precandidato a la Presidencia de Silao, Juan Gerardo Vallejo Verver y Vargas, también hará lo mismo. Presentará su denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado, tras publicar vía Facebook, un recibo oficial que le expidió el PRI tras entregar 30 mil pesos para la famosa encuesta.

A decir de los denunciantes, el dinero fue solicitado tanto por el todavía dirigente del PRI, Santiago García, además del delegado en  turno, Sergio Marcelino Bravo, aunque por supuesto, ninguno de ellos firmó.

Los acusados enviaron a una empleada del directivo estatal, Adela Barroso Pérez, quien labora en la Secretaría de Finanzas del Directivo Estatal. Fue ella la que expidió los recibos correspondientes y que, en las investigaciones, tendrá que señalar a quien le entregó semejante cantidad de dinero.

Los que saben calculan que fueron poco más de 4 millones de pesos los que habrían ingresado al PRI mediante recibos simples y sencillos.

Si Santiago García se deslindó de los fraudes en la CNC con las casas a familias, léase deslinde también de su compañero diputado electo, Rigoberto Paredes, no dudo que haga lo mismo con la empleada priista, Adela Barroso.

Triste lo que pasa en el PRI, dijo ayer el diputado Francisco Arroyo, quien por cierto fungió como testigo en la entrega de un inmueble del IMSS a la Universidad de Guanajuato, donde por cierto, el Rector General, José Manuel Cabrera Sixto, no participó.

¿Le habrán hecho la invitación para que no fuera?