El otro enfoque

El Alcalde de Silao, 300 días de impunidad

Los detenidos  y ahora preliberados, revelaron que la orden de golpear a la reportera, vino del edil silaoense mediante su director de seguridad pública, Nicasio Aguirre Guerrero, actualmente prófugo de la justicia.

1. Un Edil con protección política

Al Presidente Municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, le restan 85 días para concluir su periodo y, mientras despacha sin pena ni gloria en Palacio Municipal, es evidente que lleva 300 días de impunidad.

Es de conocimiento público la denuncia que hay en su contra, por los hechos registrados el 4 de septiembre pasado, cuando la reportera Karla Silva, corresponsal de El Heraldo, fue agredida en su propia oficina.

Los detenidos y ahora preliberados, revelaron que la orden de golpear a la reportera, vino del edil silaoense mediante su director de seguridad pública, Nicasio Aguirre Guerrero, actualmente prófugo de la justicia.

A casi un año del hecho, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, ayer radicó la solicitud de revocación de mandato que presentaron varios periodistas y activistas de derechos humanos contra el Alcalde de Silao.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados tienen hasta 15 días para determinar si atienden el caso o lo echan al archivo de la congeladora parlamentaria y, por lo que se ve, dejarán impune un atentado a la libertad de expresión y el ataque a dos joven reporteras.

Por cierto, se trata del archivo donde quizás se oculte la novedosa ley para la protección de los periodistas y activistas de derechos humanos, y cuyo Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Felipe de Jesús Orozco, ni mueve un dedo para defenderla a capa y espada, como dijo.

Pura mentira, pues.

2. Desacata SAPAS recomendación de Derechos Humanos.

La Junta de Gobierno del Congreso del Estado, adelantó que el próximo dos de septiembre, convocará a los diputados a una sesión extraordinaria para analizar los candidatos que premiarán el 17 de septiembre, como ciudadanos distinguidos del estado.

Aunque se tratará sólo ese tema, es posible que entren otras iniciativas a fin de sacar adelante compromisos legislativos, aunque el caso de Silao, sólo un milagro de justicia divina, permitirá ir contra el edil.

Por los tiempos parlamentarios y las indecisiones políticas, es muy seguro que la impunidad del edil silaoense se prolongue por más tiempo, quizás hasta que la Procuraduría de justicia del Estado pueda ejercer alguna acción legal, una vez que el fuero constitucional abandone al Presidente Solís.

A propósito de impunidades, la directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, Marissa Bravo Zamora, ha decidido olvidar la recomendación de derechos humanos, donde se le pide suministrar el servicio básico de agua potable al autor de esta columna.

A pesar de que la funcionaria envío un escrito donde acepta la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos, hasta el día de ayer, ni un dedo ha movido para cumplir lo que le pidió el ombudsman guanajuatense.

El abogado, Gustavo Rodríguez Junquera, instruyó a la directora de SAPAS, suministre el agua, como derecho constitucional, porque, efectivamente, violentó mis derechos humanos al dejar sin servicio de agua potable a toda mi familia.

Ha pasado varios meses sin que el agua llegue a casa y la funcionaria ha decidido olvidar la recomendación, exhibiendo así que en Silao y varias partes de Guanajuato, las recomendaciones de Derechos Humanos son como llamadas a misa.

Al menos, eso es lo que se nota en casos concretos.

http://twitter.com/AlfonsoMachuca 

alfonsomachuca@yahoo.com.mx