¿Vamos a modernizar el transporte en Monterrey o es pura politiquería?

Si no fuera por el aroma preelectoral que tiene la discusión del transporte, tendríamos que decir que es el ejercicio ciudadano y político, más sano y positivo.

Todo lo que se ha propuesto y criticado del transporte en los últimos días parece un buen ejercicio para replantear la movilidad en la ciudad, pero como llega de la mano de una oleada de oposición política, parece difícil que la evaluación llegue a ser algo más.

Ojalá, amigo lector, me equivoque y estemos viviendo un momento de trasformación.

Y es que, cuando el reloj del gobernador se atrasó, o digamos que se quedó dormido, todo se vino abajo en su proyecto de transporte.

Al fallar los tiempos, el Gobierno del Estado le dio la oportunidad a la oposición para apropiarse del tema del transporte y aprovechar el momento político.

Nadie desea que las tarifas suban, únicamente los transportistas, por eso es muy fácil mortificar a quien toma esta decisión.

El problema parece ser, arranca cuando no se entregó a tiempo la Ecovía, el retraso de meses hizo que se inaugurara hasta después de brincar el año.

Se toma la decisión de subir el costo de la tarifa aunque el Congreso sacó una ley que le quita esa facultad a Rodrigo Medina.

No hay problema, diría el gobernador, vetamos la ley y ya.

Pero el veto a la ley de la tarifa del transporte se entrega fuera de tiempo y es necesario recurrir a los tribunales colegiados con la esperanza de ganar aunque sea tiempo.

En plena cuesta de enero y con las nuevas tarifas en las calles, el Gobierno del Estado se enfoca en hablar del relumbrón que será la Ecovía, que termina por arrancar hasta finales del mes.

Además de Caintra y Canaco, los diputados y alcaldes del PAN  nunca quitaron el dedo del renglón sobre la injusticia de subir la tarifa en un transporte lleno de defectos.

Y cuando parecía que nada podía cambiar el rumbo y el PAN le hablaba a la pared, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envía una resolución para que el Congreso del Estado sea quien fije las tarifas del servicio de transporte público en Nuevo León, explicando que debe ser el Congreso quién vote sobre si es o no válido el veto del gobernador, pues llegó en tiempo dudoso.

Con la mayoría del PAN en el Congreso es muy probable que tiren abajo la tarifa impuesta.

Si no fuera por el aroma preelectoral que tiene la discusión del transporte, tendríamos que decir que es el ejercicio ciudadano y político, más sano y positivo, que hemos visto en muchos años.

Esto lo menciono, amigo lector, porque pocas veces se ha discutido públicamente como ahora  la seguridad de los camiones, sus condiciones, las frecuencias con que pasan, las rutas, los costos y tantos aspectos más que son importantísimos para los usuarios.

¿Cómo es posible que exista tanta diferencia entre los camiones de cada ruta si cobran la misma tarifa?

Las diferencias son increíbles y nadie parece hacer algo por eso.

¿Debería ser gratis el transporte para los estudiantes? Pues a todos nos gustaría tener una administración pública que permitiera esos lujos, pero hay que decirlo, no basta poner la propuesta, hay que explicar cómo se puede hacer.

¿Brigadas encubiertas en los camiones para evitar robos? ¿Cámaras y botones de pánico para pedir ayuda?

Nada mejor que aumentar la seguridad, ahí no se debe escatimar un peso porque hay zonas en la ciudad donde todos los días hay un reporte de robo.

Lo importante es que todo lo propuesto y dicho se cristalice en realidades, que salgamos un día a la calle y veamos menos autos, más bicicletas, que se note el gusto de la gente por tomar el transporte colectivo por bueno y a precio justo, por seguro y cómodo, que podamos ver una ciudad ejemplar en movilidad sustentable.

alejandro.gonzalez@milenio.com