La banda de Margarita Arellanes o los 40 ladrones del Palacio de Cristal

No termina de sorprenderme la capacidad de organización que pueden alcanzar los funcionarios para robar dinero de manera tan cínica y descarada.

Tengo que aclarar, estimado lector, que no puedo ni deseo hacer culpables desde ahorita a los funcionarios que están denunciados y que al parecer se organizaron para protegerse, los unos a los otros, por si acaso se descubría que desviaron dinero a donde no debían. No, no es correcto decir que son culpables, será el Poder Judicial quien determine.

Pero usted puede tener, como yo, una opinión basada en lo que hasta hoy se ha revelado.

Resulta que la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, promovió pagar una cuenta de 7.5 millones de pesos a un abogado, suponemos que de su confianza, para que preste servicios como defensor.

Entonces se hizo un contrato de servicios, sin hacer ninguna licitación (eso no se hace), con el abogado Roberto Martínez Rodríguez para que defienda a funcionarios municipales de la administración 2012-2015, contra los procedimientos legales que surjan con motivo del encargo de sus funciones.

Dicho de otra manera, se pagaron un abogado para defenderse de lo que hicieron.

Nadie compra un boleto de avión si no piensa viajar, nadie contrata un abogado por si acaso. Ahora resulta que con el dinero de los regiomontanos, Margarita Arellanes y sus cómplices dejaron pagado a su abogado.

El Comité de Adquisiciones de Monterrey aprobó por unanimidad el pago del abogado que incluye: apoyo legal para las personas en el cargo de presidente municipal, síndicos primero y segundo, regidores, secretario del Ayuntamiento, tesorero, secretario de Administración, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de Obras Públicas, de Servicios Públicos, de Planeación y Comunicación, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Humano y Social, director Jurídico del Ayuntamiento, director de Egresos, director de Contabilidad y Cuenta Pública, director de Planeación Presupuestal, director de Adquisiciones y/o encargado del Despacho de la Dirección de Adquisiciones, director de Obras Públicas y director de Recursos Humanos... ¡Nada más les faltó el velador!

Oiga, amigo lector, qué bondad la de la ex alcaldesa: dejó protección legal para toda la banda de la cueva del Palacio de Cristal.

No sé qué tan ilegal es lo que hizo Margarita, pero el alcalde de Monterrey y ex procurador, Adrián de la Garza, seguro que sí sabe bien y por eso se denunció formalmente.

¿Recuerda usted, estimado lector, que como nunca vivimos en un Monterrey lleno de baches y pavimento roto?

Pues resulta que la señora Arellanes desvió 10.3 millones de pesos que debían estar destinados a la conclusión de obras de drenaje pluvial y rehabilitación de pavimento de avenidas.

Lo desvió para pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Gobierno Federal, asunto que no se debe hacer y que por eso se colocó otra denuncia formal ante la Procuraduría.

Y hay más denuncias pendientes que se harán, ya lo dijo Adrián de la Garza, pero es claro que en la estrategia lo primero es quitarles el abogado a los funcionarios, porque los ciudadanos no les vamos a pagar para que se defiendan si cometieron delitos.

El otro asunto que también se ve con claridad es que los funcionarios que están incluidos en el contrato del abogado, representa la lista de puestos donde se deben buscar delitos, es sin duda la guía criminal que la ex alcaldesa dejó... ¡qué inteligente!

Es importante, estimado lector, que se difunda bien el caso de estas denuncias y las que vendrán, queremos saberlo todo, queremos también que Margarita Arellanes dé la cara, que hable.

También los funcionarios mencionados que salgan a dar la cara y a explicar todo a la autoridad y a la gente.

Los casos de corrupción de servidores públicos deben ser eso: públicos, ni más ni menos... o usted, ¿qué opina?

alejandro.gonzalez@milenio.com