¿Veda o autocensura?

Mucha confusión se ha generado a partir del inicio de las campañas políticas, como consecuencia de las disposiciones legales en torno a la llamada veda electoral, es decir, las prohibiciones a las que están sujetos los funcionarios públicos respecto a la difusión de información.

Apenas el 27 de junio de 2014 se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que en su artículo 203 señala que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, se suspenderá la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los municipios, con excepción de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Dicha restricción abarca de manera oficial del 5 de abril al 7 de junio.

El tema central es la difusión de propaganda gubernamental. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, se define propaganda como “Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”.

Y es aquí donde ha surgido la confusión, puesto que la interpretación inmediata es que no se puede hacer difusión de información que pudiera suponer algún logro del gobierno en turno, pues podría catalogarse como propaganda y cabría la posibilidad que los ciudadanos tomaran una decisión en las urnas con base en dicha información.

En estos primeros días de campañas, ha sido evidente el desconcierto por parte de los representantes de los medios de comunicación, que en su labor cotidiana se enfrentan con restricciones que nunca antes se habían visto en periodos electorales.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, a iniciativa de la Contraloría Municipal, ofreció una ponencia al respecto, a la que asistieron integrantes del Ayuntamiento, titulares de dependencias y entidades, así como enlaces de comunicación.

En resumen, el funcionario electoral sugirió atender a la ley y cuidar que la información que se emita, atienda a los principios de equidad e imparcialidad, y se haga un análisis para determinar si a la luz de la ley, lo que se busca difundir no se contrapone a lo que está permitido.

Ante el temor de cometer un delito electoral, los funcionarios de todos los niveles y órdenes de gobierno, han asumido una autocensura que es interpretada por los medios de comunicación como un menoscabo al derecho al acceso a la información, al que también por ley están sujetos.

Lo cierto es que las acciones de gobierno siguen y el desarrollo de la administración pública debiera continuar de manera normal. Las restricciones se centran en la propaganda, que como he mencionado, busca atraer adeptos. Mientras se atienda de manera puntual esta limitación, no tendría por qué haber problema alguno en la difusión de información, pues finalmente a los ciudadanos no se les puede coartar ese derecho fundamental.

* Contralor Municipal de León