Erradicar la impunidad a través del Sistema Nacional Anticorrupción

Contralor Municipal de León

El pasado 3 de noviembre, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de ley para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es el combate frontal, radical e integral contra la corrupción, a través de un sistema autónomo y ciudadano.

Me permito recuperar el contenido del documento con el que se realizó la presentación de la iniciativa. En él se señala que de acuerdo al Banco Mundial, la corrupción le cuesta anualmente a nuestro país 9 puntos porcentuales del PIB, lo que se traduce en 10 veces el costo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, es decir 1.5 billones de pesos

También consigna que según Transparencia Mexicana, las familias gastan 32 mil millones de pesos al año sólo en sobornos para agilizar trámites como conseguir un lugar en la escuela para sus hijos.

Esta realidad coloca a México en el lugar 106 de 177 países de acuerdo al índice de Percepción de la Corrupción 2013 publicado por Transparencia Internacional, en el que Dinamarca y Nueva Zelandia comparten el primer lugar, con una puntuación de 91 y en las últimas posiciones se ubican Afganistán, Corea del Norte y Somalia, con tan solo 8 puntos cada uno.

Ante esta situación que aqueja a nuestro país, el Sistema Nacional Anticorrupción contempla 6 acciones precisas. Destaco el punto 5, que hace alusión a la impunidad en la que caen los funcionarios y servidores públicos que evaden la justicia o simplemente no llegan a ser sancionados por la autoridad competente.

De nada servirá el resto de las acciones, el fomento a la denuncia ciudadana, investigaciones y auditorías, si cuando se encuentran los elementos necesarios, los responsables no reciben sanción alguna. Ésta condición se convierte entonces en el punto neural de la propuesta panista.

Cabe aclarar que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, establece que es facultad de las contralorías realizar las investigaciones e instaurar los procedimientos correspondientes, mientras que es responsabilidad del Ayuntamiento, los alcaldes y los titulares de las paramunicipales, resolver lo conducente respecto a las sanciones.

En este sentido es de reconocer el interés de Acción Nacional de otorgar la facultad de sancionar a los jueces en materia penal, y en materia administrativa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que se transformaría en Tribunal Federal de Cuentas.

Apelamos a la aprobación de esta iniciativa, lo cual contribuiría en gran medida a reivindicar el trabajo que realizamos los contralores del país, que limitados a las facultades que nos otorga la ley, nos es imposible concluir con una sanción las investigaciones realizadas.

De esta manera se podrán entregar a la ciudadanía resultados contundentes, con funcionarios sancionados de acuerdo a la falta que cometan sin distinción alguna; ello propiciará inhibir las conductas fuera de la norma y sobre todo erradicar la impunidad, que a todas luces, convierte en un círculo vicioso el problema de la corrupción.