Declaración patrimonial: obligación de los servidores públicos

La declaración patrimonial es una obligación de todo servidor público. El objetivo de ésta es inhibir el enriquecimiento ilícito.

Existen 3 tipos de declaración: la inicial que se debe presentar al tomar cualquier cargo al interior de la administración municipal, la final al separarse del cargo para el que fue contratado, y la anual que es obligada, como su nombre lo dice, cada año mientras se esté percibiendo un ingreso como servidor público.

La Contraloría de León es la instancia encargada de recibir, resguardar y en su caso comprobar la información proporcionada. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, cada dependencia y entidad cuenta con un enlace que orienta al resto de los servidores respecto al tema; además se imparte capacitación para guiar en el proceso.

En el caso de la anual debe presentarse hasta antes del mes de mayo, por lo que para evitar aglomeraciones se distribuyen de manera mensual de enero a mayo, los más de 6 mil servidores obligados, de acuerdo a la dependencia y entidad a la que pertenecen.

Los servidores públicos deben informar a cuánto asciende su patrimonio, cuáles son sus ingresos, si cuenta con alguna entrada de dinero extra, cuáles son sus propiedades, créditos, etcétera, y deberá incluir a su cónyuge y dependientes económicos.

Una vez recabada la información y concluido el proceso de declaración anual, mediante un método de insaculación o sorteo, se selecciona una muestra de 400 a quienes se habrá de verificar la información proporcionada.

En tal caso se acude a las instancias de gobierno correspondientes como el Registro Público de la Propiedad y el Padrón Único Vehicular del Estado de Guanajuato, y se solicita la información para posteriormente cotejarla con la proporcionada por ser servidores públicos.

En caso de encontrar inconsistencias en la declaración patrimonial, se da la oportunidad al implicado de responder a las observaciones, con la finalidad de que aclare dichas omisiones.

Si las observaciones no fueran sustanciadas, se procederá a instaurar el procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente o en su caso se presentará una denuncia penal.

De igual manera, a quienes no cumplan con esta obligación se les iniciará un procedimiento de Responsabilidad Administrativa. En lo que va de la administración se han instaurado 26 procedimientos por esta razón.

De esta manera la Contraloría de León cumple con una de las facultades más importantes, que es resguardar la información patrimonial que por ley es reservada, y prevenir posibles actos de corrupción.