Conflictos de interés

El tema de conflictos de interés ha sido puesto sobre la mesa como consecuencia de los hechos denunciados en medios de comunicación, en los que se evidencia la adquisición de viviendas con grandes facilidades por parte del Presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a una empresa beneficiada con contratos de gobierno.

A pesar de ser un hecho que podría suponerse común, nunca había sido tomado en cuenta como ahora, como un punto importante a considerar en el combate a la corrupción.

Además del anuncio de las ocho acciones para evitarlo y prevenir la corrupción, y la reactivación de la Secretaría de la Función Pública con el nombramiento de su titular Virgilio Andrade Martínez, el Presidente instó a los legisladores a aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción propuesto por el Partido Acción Nacional, lo cual es un reconocimiento a la labor de la oposición, preocupada por el combate a la corrupción.

Desde el año 2009 se había anunciado la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Al inicio de la administración de Peña Nieto se encontraba acéfala y sólo se contaba con un encargado de despacho, a la espera de la entrada en vigor de las reformas de ley que suponían su desaparición para dar paso a la Comisión Anticorrupción. Sin embargo, hoy parece tomar un nuevo aire ésta tan importante y tan abandonada secretaría.

Esto evidentemente supone un avance, aunque tardío a los ojos de la luz pública. Sin embargo el tema está ya vigente y puede ser un detonante que propicie las acciones conducentes a nivel estatal y local.

En la Contraloría Municipal investigamos denuncias ciudadanas, se desahogan auditorías y participamos como observadores en el licitaciones, en las que algunas veces el conflicto de interés es evidente y de acuerdo a las facultades que nos otorga la ley, actuamos en consecuencia.

Un caso en particular fue la participación de Fernando Gómez, hijo del secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez, como representante legal de la empresa Compañía Industrial de Lonas, la cual participaba en una licitación para recibir un contrato por 10 millones de pesos para la instalación de un techo en la Feria de León.

La Contraloría intervino a tiempo y se detuvo el proceso hasta aclarar dicha situación; finalmente la empresa no participó en la nueva convocatoria.

El artículo 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, establece que el conflicto de interés ocurrirá cuando las actividades personales, familiares profesionales o de negocios del servidor público, puedan influir en su imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de las atribuciones o funciones propias de su cargo.

Si bien lo señaló Peña Nieto, como Presidente no otorga contratos ni participa en adjudicaciones ni comités de adquisiciones, también es cierto que no se excluye de ser parte de un posible conflicto de interés, aunque de manera legal no sea fácil  comprobar.

Lo mismo ocurre con el resto de los gobernantes: legalmente es muy difícil llegar a una sanción por esta razón.

Y aquí entra el concepto de ética pública, pues aunque hay actos que son legales, pueden no ser éticos.

Por ello es de reconocerse la creación de la Unidad Especializada en Ética y prevención de Conflictos de Interés, que debiera ser emulado por los otros niveles de gobierno. En León nos adelantamos con el programa ConÉtica que promueve acciones para la prevención de este tipo de conductas.

Sin embargo los ciudadanos apelan a las sanciones más que a la prevención como fin primordial de los órganos de control, meta que con la ley vigente tanto a nivel municipal como federal, es casi imposible de alcanzar.

Contralor Municipal de León