Nombres, nombres y... nombres

Amparos por entorno fiscal camino limitado, busca CCE con SHCP amortiguar vía reglamentos y empresas evalúan y se adaptan

En diciembre presentará SCT dictamen técnico para NOM 012 y siete organismos comprometidos; en juego al menos 60 mdd para AMP por asistencia técnica a GAP; puntos finos complican reestructura de GEO con tenedores de bonos.

TRAS EL FUERTE encono que generó en la Iniciativa Privada la propuesta fiscal que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto y que luego sazonó aún más el Congreso, en los últimos días ha bajado notoriamente la presión sobre este expediente. 

Si bien en la IP el madruguete empujado por la SHCP que comanda Luis Videgaray no se ha olvidado, en la fase de arranque en la que aún está el sexenio, los miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han preferido actuar con pragmatismo. 

El propio Videgaray Caso ha buscado restañar las heridas al mantener recientemente diversos contactos con el organismo cúpula del sector privado que comanda Gerardo Gutiérrez Candiani

El viernes pasado, como es público, se tuvo el último contacto y el jefe de las finanzas públicas llegó a la reunión con los empresarios acompañado de varios de sus colaboradores más cercanos como el subsecretario Fernando Aportela

Entre las preocupaciones analizadas está el agilizar el ejercicio del gasto público lo más rápido posible en 2014 para contribuir a amortiguar un primer trimestre que será flojo. 

También el asunto de la transparencia del ejercicio de los recursos a nivel federal y estatal y el evitar caer en un mayor déficit fiscal y sobreendeudamiento, consecuencia de varias señales claras del regreso del asistencialismo para acrecentar las clientelas políticas. 

Lo que es interesante es que en el discurso del sector privado, lo fiscal parece haberse olvidado para reemplazarse primero por las preocupaciones del presupuesto y ahora en pro de empujar una reforma energética de profundidad, capaz de atraer las inversiones millonarias que el país necesita. 

Para ser honestos, al interior del CCE no había tampoco todos los consensos para prolongar de más una guerra IP-gobierno. 

La ABM de Javier Arrigunaga, AMIS de Fernando Solís Soberón, Concamin de Francisco Funtanet, Concanaco de Jorge Dávila y el propio CMHN de Claudio X. González prefirieron ser más cautelosos, en tanto que Coparmex de Juan Pablo Castañón fue el que se mostró más aguerrido. De hecho, varios legisladores pagaron los platos rotos luego de la cruzada que el sindicato patronal inició para evidenciarlos. 

Sin embargo, en ese contexto, el CCE no se ha quedado con los brazos cruzados. En las últimas semanas ha trabajado con Videgaray y su equipo para precisar aspectos reglamentarios que en un momento dado puedan amortiguar el golpe fiscal. 

En esa dirección está lo relacionado con los ajustes a las cuotas patronales al IMSS, la reducción del monto a deducir de las prestaciones sociales y la certificación que habrá para eludir el IVA a importaciones temporales. Hay áreas de oportunidad que se pretenden aprovechar. 

Al interior de las compañías sus expertos tampoco han perdido el tiempo. Para estas fechas ya han evaluado estrategias técnicas y mercadológicas para sobrellevar el nuevo entorno para 2014. Coca Cola de FranciscoCrespo o PepsiCo de Pedro Padierna y otras de alimentos simplemente aumentarán precios. 

Si bien en un primer momento se llegó a hablar de amparos, expertos consultados estiman que a la mera hora ese expediente no necesariamente será el más socorrido. 

Primero porque las últimas experiencias de recursos masivos no han traído grandes resultados como por ejemplo los relacionados con el IETU. Al final los tribunales terminaron fallando contra el contribuyente. 
En ese sentido la IP lo que busca son novedades prácticas que ayuden a enfrentar los desafíos y que eliminen lo más posible enfrentamientos con el gobierno, especialmente aquellas compañías muy ligadas a concesiones. 

Obviamente en muchos casos el factor impuestos se evaluará con un enfoque global y seguramente algunas inversiones que había previstas para México ya no se darán. Al final de cuentas el capital, usted lo sabe, no tiene nacionalidades y se ubica en donde la rentabilidad es mayor. La minería podría ser el caso.

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PARECE QUE SERÁ hasta diciembre cuando SCT dé a conocer el reporte técnico elaborado por un panel de expertos para lo concerniente a la nueva NOM 012 vinculada al polémico asunto del peso y dimensiones para el transporte en carretera. El añejo expediente está a cargo de la Subsecretaría del Transporte que comanda Carlos Almada. Los especialistas hicieron una intensiva consulta para sacar las conclusiones que deberán ser aceptadas ya sin reparos por las diversas agrupaciones del transporte. Firmaron CANACAR que preside Roberto Díaz Durán, ANTP de Javier Altamirano, CONATRAM de Elías Dip, AMOTAC de RafaelOrtiz Pacheco, CANAPAT de Gustavo Cárdenas, ANPACT a cargo de Miguel Elizalde, Canacintra de Rodrigo Alpizar y ANIQ de Alejandro Llovera.

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EN ALGUNA OCASIÓN le comentaba que el contrato de asistencia técnica que tiene GAP que preside Eduardo Sánchez Navarro con AMP, en donde están AENA y Abertis daría de qué hablar, puesto que su vigencia vence el 25 de agosto de 2014. Resulta que ayer tanto GMéxico de Germán Larrea en su calidad de socio del grupo aeroportuario como la misma GAP oficializaron la convocatoria que ya hizo la firma minera mexicana para realizar el 3 de diciembre una asamblea en donde se plantea la posibilidad de cancelar ese convenio. Para las firmas hispanas y los socios mexicanos que comanda Sánchez Navarro es un tema delicadísimo, puesto que esa asistencia el año pasado significó el pago de 155 millones de pesos, o sea casi 12 millones de dólares. De arranque, luego de la privatización, el asunto se justificaba, pero ahora seguramente GMéxico considera que es innecesario. Es obvio que hay que prepararse porque este asunto va a sacar chispas. De hecho GMéxico fue con el juez Trigésimo Octavo de lo Civil en el DF para forzar el acto corporativo. Para los integrantes de AMP la imposibilidad de renovar su contrato a 5 años podría implicar una pérdida de poco más de 60 millones de dólares.

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PUES NADA, QUE a la hora buena, el proceso de reestructura de GEO que lleva Luis Orvañanos se ha complicado. Si bien es cierto ya había consensos entre los distintos acreedores involucrados en una deuda que totaliza unos 2 mil 500 millones de dólares, parece que algunos puntos finos no terminaron por convencer a las instituciones que dan cara por los tenedores de bonos y que a su vez significan alrededor 900 millones de dólares. De ahí que el asunto no haya logrado aún salir como se esperaba. Claro que el expediente tampoco es sencillo, puesto que hay que documentar condiciones para unas 16 subsidiarias que son las ligadas a esta muy emproblemada desarrolladora. En ese sentido habrá que dar un poco más de tiempo.