California enfrenta a Trump con leyes para proteger inmigrantes

Adías de que Donald Trump entre en la Casa Blanca, California ha comenzado a prepararse para hacerle frente en uno de los temas que situará en el centro de su gestión como presidente de EU: la política inmigratoria.

El Congreso estatal, asentado en Sacramento, inició la tramitación de leyes para proteger a los 3 millones de inmigrantes indocumentados que viven en ese estado ante las intenciones anunciadas por Trump de expulsarlos del país.

Controlados por demócratas, la Asamblea y el Senado californianos aprobaron el lunes, en su primer día de sesiones tras los comicios de noviembre, una resolución cada uno instando a Trump a no llevar a cabo deportaciones.

Además, el Congreso californiano fue escenario de la presentación de dos leyes para dar protección legal a los indocumentados. Una persigue que el estado pague la defensa a todo inmigrante al que se le abra un proceso de deportación, y otra se dirige a crear centros para formar abogados de oficio en temas inmigratorios a fin de tener más letrados especializados.

"California nunca se callará ante aquellos que amenazan con menoscabar nuestra prosperidad o con privar a nuestra gente de sus derechos humanos fundamentales", dijo el líder del Senado, Kevin de León, según Los Angeles Times.

El "estado dorado" (the golden state) es un bastión del Partido Demócrata. No solo las dos cámaras están controladas por él, también su gobernador, Jerry Brown, y el nuevo fiscal general, Xavier Becerra, pertenecen al partido de la que fuera candidata presidencial, Hillary Clinton, quien arrasó allí a Trump por 28 puntos.

Además del peso demócrata, cuando se habla de California hay que hablar también del peso hispano. El estado más poblado del país —39 millones de habitantes— tiene la mayor población de origen latino: unos 15 millones (39%). Según Los Angeles Times, son 3 millones los ilegales, la mayoría mexicanos.

De origen mexicano es el nuevo fiscal general Becerra, el primer hispano en estar al frente de ese puesto, desde el que tendrá que enfrentarse a la administración de Trump si hay conflictos en la aplicación de leyes. En el comunicado en el que recientemente aceptó su designación por parte del gobernador Brown se definió como "hijo de inmigrantes".

California es considerado un "estado santuario" para inmigrantes sin papeles, es decir, que se niega a compartir con autoridades federales información sobre indocumentados, dificultando su detención y deportación. Algunas ciudades, como San Francisco, tienen leyes que prohíben a los empleados municipales toda cooperación con autoridades inmigratorias federales a efectos de deportación.

SARA BARDERAS/DPA