Cambio y fuera

El informe de Artículo 19

Nadie exige privilegios para la prensa, pero sí un contexto que permita trabajar en condiciones de seguridad. Sin eso, la sociedad, su derecho a la información y sus aspiraciones democráticas se empobrecen.

Los datos: en 2013 se registraron 330 agresiones contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México, es decir, el número de casos aumentó 59 por ciento con respecto a 2012 y convirtió el año pasado en el más violento contra el periodismo desde 2007. Cada 26 horas se atenta contra un comunicador. En el contexto de la cobertura de la protesta social hay 60 agresiones documentadas…

A diferencia del mensaje oficial, en el sentido de que el crimen organizado es el agresor principal, el informe anual de Artículo 19, organización internacional con oficinas en México desde 2006, señala que seis de cada diez agresiones provienen de un funcionario público. Si la delincuencia organizada comete los homicidios, los poderes estatales y municipales se encargan de otros métodos de intimidación y hostigamiento.

De Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, la violencia contra la prensa se extiende ya a Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Baja California, Zacatecas y DF, donde se registraron 34 casos.

Dos días antes de la presentación del informe “Disentir en silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”, Darío Ramírez, director de Artículo 19, sufrió el allanamiento de su casa y el robo de computadoras y documentos de trabajo. A éste se suman siete incidentes más contra su organización, incluida una amenaza de muerte en abril de 2013.

Como advirtieron Darío Ramírez y Juan Villoro en la presentación del informe antier en la Casa de España, nunca antes se había contado con un mecanismo de protección institucional tan robusto: La Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ley General de Víctimas… Y sin embargo, las agresiones aumentan atravesadas por la impunidad y la negligencia. Cabe mencionar que, en ocho años, la fiscalía no ha emitido una sola sentencia condenatoria.

Sin resultados concretos y voluntad política, cualquier instrumento o protocolo es demagogia y simulación. Sin una reducción real de la violencia, el discurso triunfalista se desmorona. Nadie exige privilegios para la prensa, pero sí un contexto que permita trabajar en condiciones de seguridad. Sin eso, la sociedad en su conjunto, su derecho a la información y sus aspiraciones democráticas, se empobrecen. Y es que, como señaló Villoro, la verdad muchas veces descubre zonas de niebla que para muchos debían permanecer así, en la cultura de la opacidad.

En la línea sutil que separa lo legal de lo ilegal, “no son los criminales consumados, sino los poderes aparentemente legales y negocios aparentemente acreditados los que se sienten amenazados por el trabajo del periodista”, dijo el escritor, porque “la luz de la verdad es una amenaza para la impunidad”.

En medio del silencio oficial y del “nado sincronizado” de muchos medios, nuevas redes solidarias emergen dentro del gremio para protegerse unos a otros. Para no cerrar los ojos.

adriana.neneka@gmail.com