Cambio y fuera

Al fondo del río Sonora

Los pueblos yaqui y la sección 65 del sindicato de mineros exigen que se retire la concesión a Grupo México y se acate la resolución de la SCJ de suspender el acueducto. La salud ambiental y la social van de la mano.

En solo dos semanas, cuatro ríos de México resultaron gravemente contaminados: el río Sonora y el Bacanuchi, en Sonora; el arroyo La Cruz, que se conecta al río Magistral, en Durango, y el río San Juan, en Nuevo León. Sus aguas se impregnaron de ácido sulfúrico en el primer caso, de cianuro en el segundo y de petróleo en el tercero. Las consecuencias son todavía incalculables en la salud de los ecosistemas, de la flora y la fauna, en la economía y la producción agrícola y ganadera y en la vida de decenas de miles de personas afectadas.

Me detengo en el caso de Sonora:

El 31 de julio una pipa cargada con 28 mil litros de ácido sulfúrico que iba de Guaymas a Nacozari se volcó en la carretera Ures-Mazocahui. Se derramaron 14 mil litros que no alcanzaron al río Sonora, a 400 metros del percance, por las labores de contención de bomberos, policías, Protección Civil y de la empresa Grupo México.

Poco después, el 6 de agosto, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi por un derrame originado en la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, provocando una emergencia ecológica sin precedentes en el estado y el peor desastre ambiental en la industria minera del país.

Y apenas el domingo pasado, en su camino a Estados Unidos, se descarrilaron seis vagones cisterna de Ferromex, con 240 toneladas de ácido sulfúrico, que no alcanzaron a derramarse sobre el río Santa Cruz, a solo 10 metros de distancia del accidente ocurrido cerca de Nogales. El ácido había sido cargado en la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, también propietario de Ferromex.

Hay 24 mil personas sin agua en siete municipios de Sonora, donde las temperaturas rebasan los 30 grados, donde la controversia por el agua y por el acueducto Independencia, construido por el actual gobierno de Guillermo Padrés y aprobado por la Semarnat, no cesa; donde los indios yaquis, al sur, exigen no ver disminuido su derecho al agua ante la afectación de un acueducto que desvía hacia Hermosillo el cauce del río Yaqui, el mismo que surte 80 por ciento de agua para el estado e irriga 70 por ciento de la producción agrícola. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución de suspender la operación del acueducto y que en varias ocasiones la Profepa lo ha clausurado por irregularidades.

En ese entorno, lluvias recientes en el estado llenaron presas como la de El Molinito, que también capta aguas del río Sonora, por lo que el 4 de agosto la Conagua sugirió al gobierno estatal dejar de extraer agua del acueducto porque con la de la presa había suficiente para un año de abasto en Hermosillo. Dos días después se derrama el sulfato de cobre de la mina más grande del país. Y El Molinito, que abastece a 800 mil habitantes de la capital, se cierra junto con 322 pozos.

Nos falta la historia completa. Mientras, los ocho pueblos yaqui y la sección 65 del sindicato de mineros exigen unidos que se retire la concesión de la mina a Grupo México y se acate la resolución de la SCJ de suspender el acueducto.

La salud ambiental y la social van de la mano.

adriana.neneka@gmail.com