Argumentos a debate

La suspensión de los alivios migratorios


Esta semana, el juez federal del Distrito Sur de Texas, Andrew Hanen, otorgó la suspensión temporal de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración a partir de la cual se frenaba el programa de suspensión de deportaciones y se ponía en marcha un programa del que por lo menos 4 millones de indocumentados se habrían beneficiado con permisos de trabajo y residencia temporal a través de las denominadas Acciones diferidas. Estas también beneficiarían a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales así como a dreamers llegados en la infancia a Estados Unidos. En el dictamen emitido la noche del lunes pasado, Hanen otorgó la razón a estas entidades para suspender de forma temporal la implementación de esta acción ejecutiva que estaba prevista para arrancar el miércoles. Conviene recordar que fue una coalición de 26 entidades de la Unión Americana encabezadas por el estado de Texas la que interpuso en diciembre pasado esta demanda contra el decreto presidencial aduciendo daños económicos irreparables a la economía de estos estados así como una supuesta extralimitación de facultades constitucionales del propio Presidente de la República.

El gobierno estadounidense, por su parte, rechazó esta medida –recordando que la Casa Blanca mantiene importantes atribuciones de aplicación de las leyes migratorias- y la impugnó por la vía judicial si bien advirtió que estaba obligado a respetarla en el corto plazo. Para muchos se trata tan solo de un contratiempo temporal puesto que es altamente probable que en una Corte de Apelaciones esta resolución se anule en virtud del principio de supremacía federal en cuestiones migratorias. Adicionalmente, el presidente estadounidense ha recibido el apoyo de una docena de estados así como de los gobiernos de grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles donde la densidad migratoria es notable. Este respaldo, por supuesto, obedece a un hecho innegable: más allá de la discusión político-electoral en Estados Unidos, detrás de la demanda de las 26 entidades, estos programas significan no sólo un remedio migratorio justo para millones de familias sino que, además, potenciarán las importantes contribuciones de los migrantes mexicanos a la economía y la sociedad estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha señalado que tanto la Embajada de México como los consulados se mantendrían atentos a este proceso así como al desarrollo de las siguientes etapas judiciales para informar cuando se restablecerían estos programas.