Argumentos a debate

La revolución de la probidad

Tras un importante proceso de discusión, los Diputados Federales aprobamos esta semana el Sistema Nacional Anticorrupción mismo que tocará ahora al Senado dictaminar. En efecto, la minuta aprobada fue mucho más allá de la que avaló la colegisladora el 13 de diciembre de 2013 al crear una Comisión con autonomía constitucional y facultades para prevenir, investigar y sancionar irregularidades cometidas por servidores públicos. Lo que aprobamos fue un auténtico Sistema con tres ejes fundamentales: 1) Prevención.- Al fortalecer a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control de todas las dependencias y organismos públicos dándoles nuevas facultades en este sentido; 2) Investigación.- Al fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación que ahora podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, fiscalizar en tiempo real por denuncia de actos de presunta corrupción y capacidad para auditar fondos y fideicomisos públicos y privados que ejerzan recursos públicos. Se creará además una Fiscalía Anticorrupción con funciones de la mayor relevancia en este sentido; y 3) Sanción.- Al crear el Tribunal de Justicia Administrativa se consolida una estructura judicial autónoma responsable de sancionar a quienes cometan actos de corrupción. En efecto, se trata de una gran reforma de la que, en buena medida, dependerá la correcta implementación de las otras recientemente aprobadas por el Congreso.

La corrupción, como fenómeno transversal, está detrás del estancamiento económico de las últimas décadas, de buena parte de los altos niveles de impunidad que sufre la sociedad mexicana y es, al mismo tiempo, una de las causas centrales que explican la crisis de credibilidad del sistema político mexicano y sus instituciones que, entre otras cosas, ha mermado severamente la imagen del país en el exterior. El Sistema pretende no sólo castigar de manera ejemplar y sistemática la corrupción sino además atender algunas de sus causas. Si bien se trata de una medida absolutamente toral, no es sino apenas el primer elemento en una larga lista de acciones que debieran orientarse hacia la integración de un entramado de pesos y contrapesos que reduzca dramáticamente los incentivos para perpetrar actos de corrupción.

Ante la proliferación de escándalos de corrupción y conflicto de interés en nuestro país, algunos expertos han señalado que estamos en presencia de un momento histórico. El grado de hartazgo e indignación del país contra la corrupción podría haber alcanzado el nivel suficiente.