Argumentos a debate

Las respuestas a la crisis humanitaria


Las respuestas ante una crisis humanitaria tienen que estar siempre a la altura de las circunstancias. Una situación de emergencia exige una reacción solidaria con las víctimas y dispuesta a esforzarse para aliviar así sea parcial o temporalmente la situación por la que atraviesan. Esa ha sido la reacción, por ejemplo, del gobierno jordano frente al éxodo sirio que se traduce ya en un refugio efectivo a alrededor de medio millón de personas. Fue esa también la respuesta del gobierno mexicano frente a la oleada de españoles que huían de la guerra civil en la década de los treinta. Nada más lejos de una actitud semejante que la que han adoptado los Estados Unidos frente a la crisis humanitaria por la llegada de decenas de miles de niños migrantes no acompañados a sus fronteras. Fiel a su convicción sobre la utilidad de las deportaciones, la administración del Presidente Obama pide recursos –mismos que ya le han negado- y los republicanos claman por reformas a la ley migratoria para acelerar las deportaciones de niñas, niños y adolescentes migrantes. Una de las opciones que se examinan es reformar una ley de 2008 donde se exige que la Patrulla Fronteriza entregue al Departamento de Salud a aquellos niños indocumentados que crucen el límite del país y cuya nación de origen no comparta frontera con Estados Unidos en lugar de deportarlos de inmediato, como ya se hace en el caso mexicano en virtud de los acuerdos binacionales en materia de repatriación. Aun si la vasta mayoría de los niños centroamericanos que llega a los Estados Unidos viene huyendo de la violencia en sus lugares de origen y, por tanto, tienen derecho al reconocimiento a su condición de refugiado de acuerdo con la Convención de Ginebra, serían devueltos sin importar si su integridad física está en riesgo. Esto supone una violación al principio central del derecho de los refugiados, el de no-devolución, y una respuesta verdaderamente decepcionante.

En ese sentido no es muy distinta a otras medidas que se han implementado ya o que siguen en proceso de evaluación en ese país. En primer lugar, el gobernador de Texas ha propuesto el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera para impedir el paso de migrantes indocumentados en general pero especialmente de los menores. El gobierno federal dice estar estudiando esta medida, la que el Departamento de Defensa propuso recientemente -alojar a buena parte de estos niños para brindarles protección temporal en bases militares- y la que algunas autoridades locales han venido promoviendo –alojarlos en cárceles en desuso-. Todas ellas, respuestas inadecuadas, insensibles, inhumanas y lejanas de las necesidades reales de la emergencia. Tristemente, las respuestas mexicanas no lo son menos. A la reticencia de flexibilizar nuestra política en materia de refugio y brindar, en consecuencia, protección efectiva y soluciones duraderas a estos menores, se suma otra vez el silencio como imperativo frente a las decisiones estadounidenses que afectan a las familias mexicanas y a nuestros países hermanos en Centroamérica. En consecuencia, México sigue perdiendo autoridad moral frente a Estados Unidos al que no puede exigirle lo que nosotros mismos no hacemos.