Argumentos a debate

La respuesta al Informe sobre tortura de la ONU

La política de resistencia a la jurisdicción universal de los derechos humanos quedó atrás a partir de la transición democrática que experimentó el país desde finales de noventa y especialmente a partir de la alternancia del año 2000. Esta política se institucionalizó rápidamente y brindó la posibilidad de apuntalar el pleno respeto a esos derechos en México. La apertura al escrutinio internacional, sin embargo, hoy se encuentra en duda a partir del lamentable manejo político de una diferendo entre el gobierno mexicano y el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura. Su informe, presentado el mes pasado, si bien incluye lo que ha hecho bien el gobierno mexicano y el resto de las instituciones del Estado, es especialmente crítico con la recurrencia de esta práctica así como de la aparente "generalización" de su uso por parte de toda clase de autoridades involucradas en los procesos de detención. El relator, Juan N. Méndez, un respetado experto y profesor universitario especializado en esta materia, señaló además que en México existe indiferencia, tolerancia o complicidad con la tortura por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. Por tanto, esta conducta se registra en un contexto general de impunidad –demostrado a partir del escaso número de sentencias judiciales por la comisión de este delito- que permite su repetición y genera un entorno favorable a su propagación como si fuera una epidemia. El Informe no mereció una respuesta diplomática, con el equilibrio indispensable entre la autocrítica y la ponderación de las acciones en marcha para superar este flagelo. Al contrario, el gobierno mexicano descalificó el trabajo del relator acusándolo de "poco profesional y ético", advirtiendo que se había dañado la relación de trabajo y confianza con esa oficina y que el informe incidiría negativamente en la valoración que se haga sobre la situación que vive el país y en la imagen del país en el exterior.

Claramente se trata de una respuesta que no cabe en el contexto de una política de apertura y que quizá no haga sino escalar un conflicto innecesario. Pero lo que es más grave es que el relator ha acusado al gobierno mexicano de presionarlo para "matizar", "minimizar" o modificar ciertos contenidos del demoledor informe que cientos de organizaciones no gubernamentales ya han defendido. Más allá de lo inaceptable de este proceder, admitido por el propio gobierno, es claro que al gobierno le preocupa el Informe no por la manera en que plantea un reto descomunal para erradicar esta práctica sino porque, en primer lugar, afecta la imagen de México y, en segundo, porque evocaría posibles interpretaciones jurídicas de la tortura como delito de lesa humanidad y eventual jurisdicción de la Corte Penal Internacional.