Argumentos a debate

De la migración a la movilidad humana

Legisladores mexicanos de ambas Cámaras del Congreso de la Unión e integrantes de la Asamblea Nacional del Ecuador nos reunimos el martes y miércoles de esta semana en el foro de diálogo parlamentario "México-Ecuador: los retos de la movilidad humana en el siglo XXI" organizado conjuntamente por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso Mexicano y el Grupo Parlamentario por la Movilidad Humana de la Asamblea ecuatoriana.

El objetivo fue precisamente el de analizar los desafíos compartidos que en materia migratoria enfrentamos ambos países así como compartir experiencias legislativas sobre el contexto regional contemporáneo de este fenómeno y sus múltiples aristas en materia de derechos humanos, seguridad y desarrollo.

Se presentaron ponencias del más alto nivel con la participación activa de funcionarios de los organismos internacionales más relevantes en la materia como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ANUR), expertos de organismos jurisdiccionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales e instituciones universitarias como el CIDE y la UNAM.

Todos ellos junto con funcionarios públicos, legisladores de ambos países, defensores y activistas en favor de los derechos humanos participaron en cinco paneles analizando, entre otros temas, los relativos a la protección especial de migrantes en situación de vulnerabilidad, buenas prácticas y estándares legislativos en la materia, el contexto regional de la movilidad latinoamericana, la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados así como sobre la Opinión Consultiva 21/14 de la Corte Interamericana.

En términos generales, el consenso de los dos intensos días de diálogo fue que las soluciones regionales a los problemas asociados con la migración pasan necesariamente por un cambio conceptual. Lo que a principios del siglo XX era caracterizado como asuntos de población y durante la segunda mitad temas migratorios, deben ser hoy denominados como temas relativos a la movilidad.

La noción de movilidad, concepto que está plenamente incorporado en la ley ecuatoriana, debería inspirar reformas legislativas y a las políticas públicas nacionales en materia migratoria a fin de plasmar en ellas una verbalización mucho más centrada en derechos que en circunstancias.

La migración, lejos de ser criminalizada y restringida al arbitrio de cada país, exige una política migratoria regional que garantice los derechos humanos y que termine con los abusos, el sufrimiento y las externalidades negativas de una migración indocumentada que por mucho tiempo ha resistido una narrativa con énfasis en la seguridad fronteriza.

Nuestro diálogo comprobó que el establecimiento de estándares homogéneos mediante la armonización de las legislaciones nacionales y el establecimiento de programas bajo el principio de la responsabilidad compartida son tareas prioritarias lo mismo que atender individual y colectivamente el enorme impacto humanitario de este drama cotidiano.

La construcción de una auténtica política migratoria que refleje nuevos compromisos de Estado sigue siendo una asignatura pendiente y cada vez más urgente dada la creciente evidencia de que México está cada vez más cerca de consolidarse no sólo como país de expulsión, tránsito y retorno sino de destino de migrantes.