Argumentos a debate

No los dejemos solos

El encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López ha emprendido una huelga de hambre, junto con el ex alcalde de San Cristóbal, y también preso Daniel Ceballos, a partir del pasado 24 de mayo, para pedir la liberación de los presos políticos del país y para que se defina la fecha de las próximas elecciones legislativas previstas para este año. Al liderar las protestas de febrero de 2014, López fue detenido acusado de terrorismo, homicidio e incendio de edificios públicos. De acuerdo con Amnistía internacional, es uno más entre los alrededor de ochenta detenciones motivadas políticamente por el régimen de Maduro. Daniel Ceballos, por su parte, fue suspendido en sus funciones como alcalde y destituido para luego ser detenido por supuesta "rebelión civil" al no acatar la orden de detener las protestas. Esta huelga de hambre, indicó la esposa de López, Lilian Tintori, representa el sufrimiento de los venezolanos, la crisis económica, política y social, la escasez, el desabastecimiento, el alto costo de la vida, la falta de justicia. En apoyo a López, 10 personas, algunas en prisión y otras en libertad, se han unido a esta medida de resistencia civil pacífica. Cabe señalar que recientemente se anunció el inicio de las audiencias en el marco del juicio contra Leopoldo López para el próximo 1 de junio, que contarán con la presencia del ex presidente del gobierno español, Felipe González, como defensor del acusado. La Fiscalía venezolana pide 10 años de cárcel para López por delitos. Antes, el 30 de mayo, López y sus seguidores han convocado a marchar por las calles de Caracas, una convocatoria que ya ha sido respondida por múltiples organizaciones y que se espera que cuente con un amplio respaldo. "No nos dejen solos, que nosotros jamás abandonaremos la lucha por una mejor Venezuela", escribió López en una carta que dieron a conocer distintos medios de comunicación.

Lo que sucede en Venezuela es la radicalización de un grave conflicto político y civil que se desarrolló entre febrero y junio de 2014 y que si bien desde entonces ha provocado una indignación mundial, especialmente de la mano de cientos de organizaciones no gubernamentales y de protección de los derechos humanos, no ha merecido una respuesta contundente de parte de los gobiernos latinoamericanos. Si acaso los ex presidentes firmantes de la Declaración de Panamá son prácticamente los únicos actores internacionales que han llamado a la acción para construir una alternativa negociada que detenga lo que llamaron la grave alteración a la democracia que se vive en el país sudamericano. En una reciente visita a Venezuela, Jorge Quiroga, ex presidente boliviano, señalaba que "los derechos humanos, la libertad y la defensa de la democracia no admiten fronteras". Ojalá este mensaje llegue a la nueva Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, presidida desde esta semana por el ex canciller uruguayo Luis Almagro, a fin de que remonte una inercia de inacción y cierta negligencia sobre este asunto. La Carta Democrática Interamericana tiene que ser aplicada para, con apego a su artículo 18, adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática. No podemos dejar solos a López, a Ceballos y al resto de la sociedad venezolana que sufre los embates del autoritarismo.