Argumentos a debate

El caso Avena en Texas: una afrenta contra México

Como lo comentábamos en este espacio hace algunas semanas, al ejecutar a Edgar Tamayo, el sistema judicial de Texas estaría no sólo actuando contra la justicia sino lastimando aún más a México. La historia es larga y data desde lo que hace más de una década fue un litigio internacional interpuesto por México contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. México denunciaba a Estados Unidos por haber violado los derechos consulares de 51 mexicanos condenados a muerte en distintos estados del país. Al detenerlos y consignarlos, nadie dio aviso a los consulados mexicanos mismos que no pudieron brindarles la asistencia jurídica a la que todo extranjero tiene derecho de acuerdo con la Convención de Viena. La Corte encontró a Estados Unidos culpable y ordenó que revisara y reconsiderara las sentencias de todos ellos a fin de medir el impacto que había tenido la falta de notificación consular oportuna en los respectivos procesos judiciales. Si bien este ha sido el caso en la mayoría de estados de la Unión Americana, algunos de entre los cuales, por cierto han ya abolido la pena de muerte, el estado de Texas se ha negado a cumplir con el fallo. Lo ha hecho invocando una decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos misma que, al pronunciarse sobre el caso de Jose Ernesto Medellín, primer ejecutado en ese estado, afirmó que si bien el fallo es una obligación legal hacia Estados Unidos, no es "automáticamente vinculante en el derecho interno". En esa decisión, la Corte también determinó que el Presidente de los Estados Unidos -como lo hizo el ex presidente Bush en 2008-no tenía autoridad suficiente para ordenarle a las cortes estatales cumplir con la decisión de la Corte Internacional.

Armados de esta interpretación sorprendente y decepcionante, Texas ha ejecutado ya a tres mexicanos (Medellín en 2008, Humberto Leal en 2011 y Tamayo hace algunos días) amparados por el fallo de la Corte de la Haya. Poco le importa a las autoridades texanas si un principio clave del derecho es que un Estado no puede invocar disposiciones internas para excusarse del cumplimiento de una obligación internacional. Tampoco le importa el daño que estas ejecuciones pueden traer a la reputación de los Estados Unidos y, como bien lo señalaba el canciller John Kerry en una carta dirigida al gobernador, a la propia defensa de los derechos consulares y del debido proceso de los estadounidenses detenidos en el extranjero. Tampoco es relevante para ellas si el estado de Texas termina siendo el único, hasta el momento, en hacer caso omiso del fallo Avena. Lo que el gobernador Perry argumenta es que la decisión de la Corte es un asunto que compete al Gobierno Federal y al Congreso a fin de que legislen en la materia y así la hagan aplicable en el derecho interno. Si todo sigue como hasta ahora, el 9 de abril ejecutarán al cuarto mexicano. Se trata de Ramiro Hernández Llamas, un hombre que fue acusado de homicidio y sentenciado a pena de muerte a pesar de tener una grave deficiencia mental. Las autoridades consulares se enteraron demasiado tarde de su detención y nunca fueron notificadas formalmente sobre el proceso.

Sin duda, es momento de preguntarse si acaso el gobierno mexicano no debería hacer más que simplemente inconformarse.