Argumentos a debate

El caso Avena al Consejo de Seguridad de la ONU

Aunque una juez federal de Houston ordenó el miércoles pasado suspender la ejecución de Ramiro Hernández Llanas, programada originalmente para el próximo 9 de abril, hasta que el estado de Texas informe sobre la composición de la inyección letal que le aplicarán, este recurso interpuesto por sus abogados no resuelve el problema de fondo. Más allá de las críticas que suscita la pena de muerte como un mecanismo antediluviano y contrario a los derechos humanos, el caso de Hernández Llanas es un caso de desobediencia al derecho internacional público, de violación a sus derechos consulares y de abierta denegación de las garantías de un juicio justo. En efecto, el caso de Hernández Llanas es equiparable a los de José Ernesto Medellín, Humberto Leal y Edgar Tamayo. Sin menoscabo de su probable responsabilidad en la comisión de ciertos delitos, algunos de ellos realmente ominosos, todos fueron ejecutados por el estado de Texas en desafío a una decisión de la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de la ONU, que exigía reconsiderar sus sentencias a la luz de la violación de sus derechos consulares. Todos ellos fueron detenidos, y procesados en tiempo record sin la notificación que las autoridades están obligadas a efectuar al consulado mexicano lo cual les impidió contar con la asesoría y la defensa jurídica adecuada. En procesos con múltiples irregularidades fueron encontrados culpables y sentenciados a la pena capital. El proceso de Hernández, un hombre con una severa deficiencia mental, por ejemplo, duró apenas dos días. Una vez que la Suprema Corte de Justicia se pronunció respecto a la ausencia de mecanismos legales para obligar a Texas a dar cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el denominado caso Avena -fallo que protegía, en principio, a los cuatro- los recursos judiciales de apelación prácticamente se agotaron. En todos los casos, el gobierno de México, pero también el de Estados Unidos y otros países latinoamericanos y europeos -bajo la figura de amigos de la Corte- han venido solicitando al gobernador de Texas que reconsidere su decisión de proceder con las ejecuciones sin atender el fallo Avena. Pero quizá acudir de nuevo a la instancia local es contribuir a negar que haya una responsabilidad federal en este caso.

De ahí la importancia de explorar mecanismos para que el Estado Mexicano haga valer el compromiso de la Unión Americana en su conjunto por observar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Hace algunos días, el canciller José Antonio Meade envió una carta al Consejo de Seguridad de la ONU denunciando el incumplimiento de los Estados Unidos y reservándose el derecho que le asiste a elevar este asunto a esa instancia conforme al párrafo 2 del artículo 94 de la Carta de la ONU que reza: "Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo". Este mecanismo puede ser de gran importancia pero también valdría la pena explorar otras vías de hacer valer los derechos de México. De entrada, conviene subrayar que la Unión Europea declaró un embargo a la exportación hacia Estados Unidos de sustancias que permiten fabricar las dosis de la inyección con la que se ejecuta a los condenados. En consonancia con ella, valdría la pena estudiar otras sanciones contra el estado de Texas, otros mecanismos jurídicos y políticos para defender un principio toral entre las naciones".