Argumentos a debate

Por un balance entre la libertad y la seguridad en Internet

Si bien no es el único, uno de los temas más preocupantes de la nueva iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones que estamos por discutir en el Congreso tiene que ver con el uso de internet. Es cierto que en prácticamente todo el mundo hay imperativos de seguridad nacional y combate a la delincuencia que exigen soluciones creativas para, por ejemplo, localizar personas y supervisar ciertos flujos de información de carácter eminentemente ilícito. No obstante, en toda sociedad democrática hay importantes límites a estas prácticas en la medida en que no pueden violentarse derechos esenciales como los de la privacidad, la protección de datos personales, la libre expresión de las ideas y el derecho a la información. Para el ejercicio óptimo de todos ellos, la libertad de los usuarios de Internet es fundamental. El reto, sin duda, es contar con una legislación que equilibre los derechos y obligaciones de usuarios, gobiernos y empresas que garantice, en todo momento, la libertad en la red con las únicas restricciones consustanciales de seguridad, persecución de los delitos y combate a la ciberdelincuencia. En ésta como en otras deliberaciones legislativas, no puede establecerse sino un balance, eficaz y creativo, respetuoso de los derechos y obligaciones de todos, entre el imperativo de la seguridad y la preeminencia de las libertades individuales y colectivas.

Evidentemente, la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo federal el 24 de marzo de 2014 provocó reacciones de indignación general. En la opinión de expertos, tiene ciertos contenidos de dudosa convergencia con las mejores prácticas de protección de los derechos humanos. Las preocupaciones centrales, en este respecto, giran en torno a temas como la geolocalización sin autorización judicial, el bloqueo arbitrario de señales, una vigilancia de contenidos y flujos de información electrónica sin estándares claros ni la existencia de un órgano regulador independiente –componente central de los denominados Principios de Camden para la libertad de expresión- así como disposiciones que, de facto, violarían la neutralidad en la red, que podrían poner en peligro el derecho a la privacidad y que, en algunas circunstancias, abrirían la puerta a una auténtica censura. Sin duda, en la manera en que fue presentada la iniciativa es inadmisible. Ninguna iniciativa que abra el paso a la sospecha, por ligera que ésta sea, de que es violatoria de los derechos y las libertades esenciales en la red, es viable. La mejor prueba de que lo relativo a Internet en la iniciativa no cumplía con estas características es el anuncio reciente reconociendo este despropósito y asegurando que se efectuarán las modificaciones correspondientes. Desde luego que esta postura es encomiable. Estaremos vigilantes, los legisladores federales, de que el dictamen de la misma no vaya en contra de la legítima demanda por un Internet libre del control y la censura autoritaria. Pero también de que no presente otros contenidos igualmente controversiales en lo que hace a la posible discriminación de medios de comunicación, la eventual violación de los derechos de las audiencias y todo lo que afecte el libre flujo de información más allá de Internet.