Argumentos a debate

Tres aspectos de una reforma político-electoral

Apenas unas horas antes de escribir estas líneas, los diputados federales concluimos la discusión y aprobación de una reforma política-electoral que tendrá un impacto decisivo sobre el funcionamiento institucional del país. Aunque existe una gran diversidad de aspectos sobre los que valdría la pena comentar, por razones de espacio me concentraré en tres que transformarán al sistema político mexicano desde sus raíces mismas. En primer lugar, y luego de muchos años de deliberación, se estableció el primer procedimiento en la historia moderna de México para hacer posible la reelección legislativa. Precisamente fue este el tema con el que dio inicio esta columna en las páginas de MILENIO Estado de México hace prácticamente un lustro. Se trata de un gran avance en nuestro desarrollo democrático que, aún con aspectos que podrían mejorarse, marcará con toda seguridad un punto de quiebre en la eficacia de la representación popular. La reelección legislativa inmediata produce efectos positivos por donde se le mire. Estrecha la relación con el electorado, introduce la rendición de cuentas como elemento central en la carrera legislativa y promueve la profesionalización del quehacer parlamentario. La reelección consecutiva será una realidad a partir del 2018 cuando los legisladores podrán volver a aspirar a repetir sus mandatos hasta por 12 años. El fin del tabú de la reelección alcanzará incluso a los alcaldes quienes podrán reelegirse por un periodo más y los presidentes municipales, regidores, síndicos y diputados locales. Podrán hacerlo en beneficio de un sistema de premios y castigos a los servidores públicos electos como el que existe en las democracias mejor consolidadas del mundo.

Otro aspecto fundamental que cambiará para siempre el rostro del sistema político mexicano tiene que ver con el establecimiento en el artículo 41 de la Constitución de una disposición para la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres. En efecto, tal y como fue impulsado por los tres partidos políticos mayoritarios, las candidaturas a puestos de elección popular tendrán que ser obligatoriamente repartidas entre hombres y mujeres en razón del 50% para cada género. Con ello se resuelve un tema de subrepresentación femenina en el Congreso y se abre la puerta al establecimiento de condiciones de paridad en los tres Poderes de la Unión y eventualmente en los espacios de poder político y representación popular en los estados y municipios. A 60 años del sufragio femenino en México, este es un avance notable desde cualquier punto de vista.

Finalmente, hay un tema que no puede ser soslayado en la medida en que fortalece al Poder Legislativo frente al Ejecutivo en una lenta pero firme evolución hacia lo que puede ser, en un futuro no muy lejano, un sistema semipresidencialista. Se trata de las nuevas disposiciones, según las cuales, los nombramientos que el Presidente efectúe para los titulares de la Secretaría de Hacienda y de Relaciones Exteriores, tendrán que ser avalados por la Cámara de Diputados y la de Senadores respectivamente. Es decir, los legisladores deberán avalar los nombramientos de quienes tendrán bajo su encargo la conducción operativa de la política hacendaria y la política exterior.